El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo este
domingo que respeta la decisión de los jueces de la Segunda Sala Penal de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ), de variar las medidas de coerción impuesta a
varios implicados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht.
Sin
embargo, dice esperar que la medida no afecte la continuación de la
investigación local, debido a maniobras que podrían realizar algunos de los
involucrados, con la finalidad de obstruirla e incluso para sustraerse del
debido proceso.
Rodríguez
destacó que el propio tribunal de alzada valoró que los indicios presentados
por el Ministerio Público son contundentes, por lo cual también negó la
solicitud de otorgar libertad pura y simple a los implicados.
El
procurador resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de
Justicia, rechazó todas los objeciones presentadas por los abogados defensores
de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el
organismo de persecución penal que encabeza, incluyendo la improcedente
solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de
mayo del presente año.
Rodríguez
calificó de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza
Miriam Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que se encuentra
este caso, que son para medidas de coerción, las evidencias obtenidas hasta el
momento, son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción,
como al efecto las dictó correctamente el juez de la Instrucción Especial,
Francisco Ortega Polanco, quien mediante su resolución judicial del
pasado 7 de junio, aplicó estrictamente el mandato de la norma en cuanto a la
naturaleza la medida de coerción.
Indicó
que el pronunciamiento de la magistrada Germán Brito corresponde más bien para
cuando se efectúe el juicio preliminar o el juicio de fondo, no así para el
actual momento procesal de investigación en desarrollo.
El
procurador reiteró que duélale a quien le duela y caiga quien caiga, la
Procuraduría seguirá trabajando, profundizando y ampliando la investigación
local que inició el pasado 26 de diciembre, utilizando para ello, todos los
recursos que tiene a su alcance, incluyendo la colaboración del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público de Brasil, así como de
otras autoridades de naciones europeas y latinoamericanas.
Rodríguez
también recalcó que a través de estas pesquisas ampliadas, en el país y en el
extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará evidencias adicionales a
las que ya posee en contra de los imputados hasta el momento, las cuales hará
valer cuando llegue el momento de presentar formal acusación en contra de los
mismos, recordando que para estas fue recientemente autorizado judicialmente un
plazo de 8 meses.
Reafirmó
que mediante esta ampliación y profundización de la investigación también se
persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su
responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en
el país, garantizando que quienes sea que resulten involucrados, tal como se ha
hecho y corresponde, también será puesto a disposición de la justicia.
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