Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron
errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz
Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un
negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos.
Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como
guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro
Uribe.
La Fiscalía ha registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente
cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.
“Escogíamos a los más chirretes”
Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha,
prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se
apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de
inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte
años pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos de ellos apiñados en
casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos
ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de
paramilitares y narcotraficantes.
El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él
solo respondió “sí, patroncito, voy para allá”, colgó y le dijo a su
hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y
nunca más lo vieron.
En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico “de educación especial”
que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y
parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a
cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían
acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la
jornada le daban un billete de mil pesos (38 céntimos de euro).
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