Santo Domingo.- El abogado Namphi Rodríguez alertó a los congresistas
que deben rechazar un proyecto de ley que reposa en la Cámara de
Diputados que busca responsabilizar a los periodistas como autores
principales de los delitos de difamación e injuria que puedan cometer
terceras personas.
En una vista ante la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Rodríguez advirtió de que sería un absurdo trasladar la responsabilidad principal de los delitos de prensa del director de medios a los periodistas, excluyendo al tercero que realmente ha proferido la frase infamante.
A través de un comunicado, Rodríguez, quien es presidente de la Fundación Prensa y Derecho, señaló que para determinar si el periodista o el director del medio de comunicación han incurrido en responsabilidad hay que aplicar el “test de la real malicia” que permitirá evidenciar si el informador se ha comportado como un profesional o si, por el contrario, se ha hecho parte de una trama para imputar públicamente hechos y expresiones infante a alguien.
Puntualizó que por el simple hecho de ser vehículos de la información, no se debe hacer responsabilizar penalmente a los periodistas, puesto que ese tipo de sistema propicia la impunidad de los autores reales, que regularmente son funcionarios públicos, políticos de oposición o líderes empresariales, religiosos y militares.
El presidente de Prensa y Derecho fue invitado por la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados que preside el periodista y diputado Nelson Guillén, quien se manifestó de acuerdo con los juicios externados por el profesional del Derecho, según el comunicado.
El proyecto de ley en cuestión es de la autoría del diputado del PLD Elpidio Báez y establece penas de hasta dos años de presión contra los periodistas que reproducen declaraciones de terceras personas que pudieran resultar difamatorias.
“Establecer una responsabilidad anticipada viola el principio de presunción de inocencia, pero también pone sobre los hombros de los periodistas un pesado fardo procesal que afectará el desempeño de su libertad ideológica y del pluralismo político”, agregó.
Por último, dijo que en cada caso los jueces deben tener la oportunidad de analizar la actuación de los periodistas en el manejo de la información para establecer o excluir su responsabilidad jurídica.
En una vista ante la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Rodríguez advirtió de que sería un absurdo trasladar la responsabilidad principal de los delitos de prensa del director de medios a los periodistas, excluyendo al tercero que realmente ha proferido la frase infamante.
A través de un comunicado, Rodríguez, quien es presidente de la Fundación Prensa y Derecho, señaló que para determinar si el periodista o el director del medio de comunicación han incurrido en responsabilidad hay que aplicar el “test de la real malicia” que permitirá evidenciar si el informador se ha comportado como un profesional o si, por el contrario, se ha hecho parte de una trama para imputar públicamente hechos y expresiones infante a alguien.
Puntualizó que por el simple hecho de ser vehículos de la información, no se debe hacer responsabilizar penalmente a los periodistas, puesto que ese tipo de sistema propicia la impunidad de los autores reales, que regularmente son funcionarios públicos, políticos de oposición o líderes empresariales, religiosos y militares.
El presidente de Prensa y Derecho fue invitado por la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados que preside el periodista y diputado Nelson Guillén, quien se manifestó de acuerdo con los juicios externados por el profesional del Derecho, según el comunicado.
El proyecto de ley en cuestión es de la autoría del diputado del PLD Elpidio Báez y establece penas de hasta dos años de presión contra los periodistas que reproducen declaraciones de terceras personas que pudieran resultar difamatorias.
“Establecer una responsabilidad anticipada viola el principio de presunción de inocencia, pero también pone sobre los hombros de los periodistas un pesado fardo procesal que afectará el desempeño de su libertad ideológica y del pluralismo político”, agregó.
Por último, dijo que en cada caso los jueces deben tener la oportunidad de analizar la actuación de los periodistas en el manejo de la información para establecer o excluir su responsabilidad jurídica.
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