Carvajal explicó que con el veto a algunos artículos de la Ley de Servicio “no había ninguna afectación a los ingresos de los policías”, por lo que indicó que la magnitud de la manifestación era injustificada.
“Este es un proceso de desestabilización para tratar de desarmar los procesos de transformación democrática que vive el país”, añadió.
De igual forma, el asambleísta de Alianza País, Gabriel Rivero, denunció que las acciones violentas de la Fuerza Armada eran un intento de golpe de Estado orquestado por sectores que pretenden acabar con la democracia en esa nación.
Para la legisladora, María Agusta Calle, una de las mayores evidencias de que la derecha ecuatoriana busca sacar del poder a la fuerza al Presidente legítimo Rafael Correa, es que la protesta no se canalizó por la Asamblea Nacional, vía natural para cualquier objeción a una ley.
“Cualquier objeción se podía reconsiderar al revisar el texto en la Asamblea Nacional. Esta protesta tiene un significado que va más allá de una queja por un bono porque los militares han tomado los aeropuertos de Quito y Guayaquil”, indicó Calle.
De hecho, la Fuerza Aérea de ese país mantienen tomados los principales aeropuertos de ese país, lo que ha obligado a suspender los vuelos comerciales. El avión presidencial también está secuestrado.
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