WASHINGTON — Un tribunal federal en Washington anuló este miércoles la mayoría de las restricciones de la Administración Trump al proceso de asilo para inmigrantes que huyen de la violencia doméstica o de las pandillas, al afirmar que éstas no tienen “base legal”.
En un documento de 107 páginas, el juez federal, Emmet Sullivan, explicó que las restricciones anunciadas en junio pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, para que las autoridades puedan negar asilo a quienes han sido víctimas de violencia doméstica o de las pandillas no tienen fundamento.
“No hay una base legal para una veda categórica” contra quienes solicitan asilo por ese tipo de casos, dijo Sullivan, al bloquear de forma permanente las restricciones, impugnadas en una demanda colectiva.
En su memorándum, Sullivan señaló que cuando el Congreso aprobó el “Acta de Refugiados de 1980”, sus intenciones fueron muy claras: su propósito era hacer cumplir “la política histórica de EEUU de responder a las necesidades urgentes de personas sujetas a la persecución” en sus países de origen.
El Congreso aprobó otra ley en 1996, el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA), que permite deportar de forma expedita a personas que no pueden establecer un caso de “miedo creíble” a la persecución, logrando un equilibrio entre un sistema migratorio eficiente y protección para quienes tienen casos de asilo legítimos, agregó Sullivan.
Es la voluntad del Congreso, y no “los caprichos del Ejecutivo”, lo que determina las normas para deportaciones expeditas, y por ello el tribunal considera que las restricciones son “ilegales”, precisó el magistrado.
El juez federal, designado por la Administración Clinton, también ordenó que la Administración Trump no sólo devuelva a EEUU a los demandantes que fueron deportados bajo las restricciones sino también que les provea “nuevas determinaciones sobre miedo creíble, congruentes con las leyes de inmigración”.
El dictamen de Sullivan respondió así a una demanda interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y el Centro para Estudios de Género y Refugiados (CGRS) contra el fiscal general interino, Matthew Whitaker, para impugnar las deportaciones de esos solicitantes de asilo.
