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jueves, 13 de junio de 2013

Prostitutas dominicanas azotadas por la crisis y empujadas a clandestinidad


Muchas prostitutas trabajan en condiciones precarias y se enfrentan a diario a agresiones de clientes. (Archivo)  
En la República Dominicana, donde no está penalizada la prostitución, se calcula que unas 50,000 mujeres ejercen esta actividad.
Santo Domingo.- El anuncio de las autoridades dominicanas de que van a perseguir y someter a la justicia a los clientes de las prostitutas empuja a ese colectivo, uno de los más vulnerables a los cambios económicos, a la "clandestinidad".

La solución "no está en la represión", subrayó en una entrevista con EFE Jacqueline Montero, líder del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) y edil del municipio de Haina (oeste del país).

En la República Dominicana, donde no está penalizada la prostitución, se calcula que unas 50,000 mujeres ejercen esta actividad, mientras que miles son víctimas desde hace décadas de trata para la explotación sexual fuera de su país.

Muchas de ellas trabajan en condiciones precarias y, según sus denuncias, se enfrentan a diario a agresiones de clientes, de los dueños de establecimientos donde trabajan e, incluso, al chantaje de la Policía.


Aunque la Procuraduría y la Policía han advertido de que actuarán contra los clientes de las prostitutas como forma de afrontar la explotación, hasta ahora no se sabe de detención alguna, pero pese a todo los clientes y las trabajadoras sexuales tienen miedo.

"Hay menos clientes porque los hombres temen que los lleven presos", aseguró Montero, quien recordó que en el país no hay leyes que condenen la prostitución, aunque sí el proxenetismo "y este no es el caso", adujo.

"Los proxenetas son los dueños de los clubes, que explotan a las mujeres, los clientes no", aclaró.

En cuanto a las trabajadoras sexuales, muchas han abandonado sus habituales zonas de trabajo tanto en la capital como en los puntos turísticos del interior y se han visto obligadas a llevar a sus clientes a las "casas de citas" y hasta a sus propios hogares, agregó Montero.

La situación, aseguró, hará más propensas a estas mujeres a contraer el virus del VIH y el sida o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, además de que serán más vulnerables a las humillaciones y la violencia por parte de los clientes y de los policías quienes, según Montero, "abusan y sobornan a las chicas".

"Ahora será más difícil darle charlas de prevención o entregarles los preservativos porque están escondidas... no sabemos dónde están", argumentó Montero.

El procurador general dominicano, Francisco Domínguez Brito, justificó recientemente la medida porque, en su opinión, "se trata muchas veces de muchachas menores de edad semiesclavizadas (que) las llevan a centros de prostitución y luego las reclutan para llevárseles a Argentina, Chile o a Europa".

"Creo que las mujeres no merecen eso como futuro", señaló el funcionario.

Precisamente hoy, la Procuraduría anunció el "rescate" de doce mujeres que supuestamente eran explotadas en un establecimiento de diversión en la provincia Monseñor Nouel (norte), que fue clausurado.

La Procuraduría sometió a la Justicia al administrador del centro, Rafael Antonio Fernández Mendoza, acusado de violar la ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y la que castiga la violencia contra las mujeres.

Aunque no hay cifras exactas, distintos estudios señalan que entre 30,000 y 70,000 dominicanas han sido víctimas desde hace tres décadas de trata para la explotación sexual fuera de su país, lo que ha convertido a República Dominicana, de 10 millones de habitantes, en el cuarto proveedor de mujeres para esta actividad en el mundo, por detrás de Tailandia, Filipinas y Brasil.

Sin embargo, para Montero, una exprostituta, la solución no es la "represión", por lo que propone buscar "estrategias" porque, en su opinión, una mujer escoge esta actividad cuando solo tiene otra opción: el suicidio.

Ella, sin embargo, no tiene muchas esperanzas de que en la actualidad se adopten medidas a favor de las trabajadoras sexuales como, por ejemplo, acceso a servicios de salud o fuentes de trabajo porque, a su juicio, "el que no sabe de esto no puede hacer mucho".
Montero confía en una mejoría para el colectivo que representa a partir de 2016 cuando ella espera ser elegida diputada.