En la República Dominicana, donde no está penalizada la prostitución, se calcula que unas 50,000 mujeres ejercen esta actividad.
Santo Domingo.- El anuncio de las autoridades dominicanas
de que van a perseguir y someter a la justicia a los clientes de las
prostitutas empuja a ese colectivo, uno de los más vulnerables a los cambios
económicos, a la "clandestinidad".
La solución "no está en la represión",
subrayó en una entrevista con EFE Jacqueline Montero, líder del Movimiento de
Mujeres Unidas (Modemu) y edil del municipio de Haina (oeste del país).
En la República Dominicana, donde no está penalizada
la prostitución, se calcula que unas 50,000 mujeres ejercen esta actividad,
mientras que miles son víctimas desde hace décadas de trata para la explotación
sexual fuera de su país.
Muchas de ellas trabajan en condiciones precarias y,
según sus denuncias, se enfrentan a diario a agresiones de clientes, de los
dueños de establecimientos donde trabajan e, incluso, al chantaje de la
Policía.
Aunque la Procuraduría y la Policía han advertido de
que actuarán contra los clientes de las prostitutas como forma de afrontar la
explotación, hasta ahora no se sabe de detención alguna, pero pese a todo los
clientes y las trabajadoras sexuales tienen miedo.
"Hay menos clientes porque los hombres temen que
los lleven presos", aseguró Montero, quien recordó que en el país no hay
leyes que condenen la prostitución, aunque sí el proxenetismo "y este no
es el caso", adujo.
"Los proxenetas son los dueños de los clubes, que
explotan a las mujeres, los clientes no", aclaró.
En cuanto a las trabajadoras sexuales, muchas han
abandonado sus habituales zonas de trabajo tanto en la capital como en los
puntos turísticos del interior y se han visto obligadas a llevar a sus clientes
a las "casas de citas" y hasta a sus propios hogares, agregó Montero.
La situación, aseguró, hará más propensas a estas
mujeres a contraer el virus del VIH y el sida o alguna otra enfermedad de
transmisión sexual, además de que serán más vulnerables a las humillaciones y
la violencia por parte de los clientes y de los policías quienes, según
Montero, "abusan y sobornan a las chicas".
"Ahora será más difícil darle charlas de
prevención o entregarles los preservativos porque están escondidas... no
sabemos dónde están", argumentó Montero.
El procurador general dominicano, Francisco Domínguez
Brito, justificó recientemente la medida porque, en su opinión, "se trata
muchas veces de muchachas menores de edad semiesclavizadas (que) las llevan a
centros de prostitución y luego las reclutan para llevárseles a Argentina,
Chile o a Europa".
"Creo que las mujeres no merecen eso como
futuro", señaló el funcionario.
Precisamente hoy, la Procuraduría anunció el
"rescate" de doce mujeres que supuestamente eran explotadas en un
establecimiento de diversión en la provincia Monseñor Nouel (norte), que fue
clausurado.
La Procuraduría sometió a la Justicia al administrador
del centro, Rafael Antonio Fernández Mendoza, acusado de violar la ley sobre
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y la que castiga la violencia
contra las mujeres.
Aunque no hay cifras exactas, distintos estudios
señalan que entre 30,000 y 70,000 dominicanas han sido víctimas desde hace tres
décadas de trata para la explotación sexual fuera de su país, lo que ha
convertido a República Dominicana, de 10 millones de habitantes, en el cuarto
proveedor de mujeres para esta actividad en el mundo, por detrás de Tailandia,
Filipinas y Brasil.
Sin embargo, para Montero, una exprostituta, la
solución no es la "represión", por lo que propone buscar
"estrategias" porque, en su opinión, una mujer escoge esta actividad
cuando solo tiene otra opción: el suicidio.
Ella, sin embargo, no tiene muchas esperanzas de que
en la actualidad se adopten medidas a favor de las trabajadoras sexuales como,
por ejemplo, acceso a servicios de salud o fuentes de trabajo porque, a su
juicio, "el que no sabe de esto no puede hacer mucho".
Montero confía en una mejoría para el colectivo que
representa a partir de 2016 cuando ella espera ser elegida diputada.