El presidente Donald Trump tiene planeado contratar al menos a 20 de los mejores abogados en licitaciones inmobiliarias, que serían los fiscales en los procesos para obtener las tierras que necesita para construir el muro en la frontera sur.
Esto debido a que varios de los terrenos son propiedad privada, incluso parte de una comunidad indígena que no quiere que el muro cruce por sus territorios, que se ubica tanto en Estados Unidos como en México.
La solicitud de presupuesto de 2018 enviada por el presidente Trump
al Congreso pide fondos para los 20 fiscales adicionales para el Departamento de Justicia
que “hagan esfuerzos federales para obtener tierras y propiedades
necesarias para asegurar la frontera suroeste”, publicó The Wall Street
Journal.
El diario indica que quizá el mandatario requiera más personal para
ello, pues alrededor del 67% de la frontera representan tierras privadas
o estatales, la mayoría de ellas en Texas, según la Oficina de
Responsabilidad Gubernamental.
El Departamento de Seguridad Nacional ya comenzó a enviar notificaciones a los dueños de ranchos en la frontera, para avisarles de la expropiación de la que serían objeto, debido a la construcción del muro.
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