Benjamín Cintrón señalaba ayer en un cartel todos los derechos que
dice que fueron ignorados por el concesionario de carros usados Major
World cuando compró un Hyndai Elantra de 2011. Para empezar, no había
precio y no supo realmente los detalles del acuerdo de financiamiento.
Para su sorpresa, y según explicaba el jueves, la información verbal
que recibió no era la que estaba en los papeles que firmó y cuyos
pormenores no conoció con detalle hasta que el Departamento de Asuntos
del Consumidor (DCA) contactó con él durante el curso de una
investigación sobre esta empresa. El resultado de pesquisas sobre 29
casos más como el de Cintrón ha llevado a la DCA a presentar cargos
contra Major World ante la Oficina de Juicios Administrativos y
Audiencias (OATH) por prácticas engañosas e ilegales con el objetivo
de beneficiarse a costa de los consumidores de bajos ingresos e
inmigrantes como Cintrón.
El departamento, dirigido por Lorelei Salas, ha pedido más de dos
millones de dólares, cantidad que se dedicará a restituir a los
consumidores ($700,000) y multas ($1.7 millones).
Además se busca crear
un fondo para los afectados no identificados y revocar la licencia de
los tres concesionarios de segunda mano que están situados en tres
puntos distintos de Nothern Boulevard en Queens. Es algo que puede
asestar un golpe sin retorno a las operaciones de este negocio y que no
precluye que privadamente se abra un juicio en otra jurisdicción por
parte de afectados o la fiscalía.
Este diario se puso en contacto con Major World vía correo
electrónico y llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuestas. La
empresa se limitó a decir que emitirían un comunicado que a la hora de
cierre de esta edición no era aún público.
Salas, que estaba acompañada por el concejal Rafael Espinal,
presidente del comité de consumidores en el Concejo, explicó que esperan
una decisión de la OATH en un plazo de tres a cinco meses. Espinal dijo
que puesto que representa a East New York, Bushwick, Brownsville y
Cypress Hills, vecindarios en los que viven muchos latinos de bajos
ingresos, “este asunto es personal para mí y para las personas que
represento”. El concejal dice que se han oído muchas historias de
prácticas de un concesionario que ha resultado ser “un lugar para carros
defectuosos y fraude”.
La comisionada describía problemas en precios inflados, préstamos
predatorios e información falsa. Y se refirió al caso de un cliente al
que Major World convirtió en dueño de una tienda de alimentos, en vez
del empleado que era, con un sueldo cuatro veces superior al que tenía y
un alquiler inferior al que realmente pagaba para conseguir un crédito
para el que no cualificaba. Todo ello en contradicción con los
documentos presentados por el cliente.
Cintrón llevó ayer los documentos que mostraban que en vez de usar su
sueldo de $14,000 para calificar por el préstamo para comprar el carro,
usaron el de su pareja que es más elevado y fue a acompañarle. Ella
terminó dando algunos de sus datos pensando que era necesario para que
él obtuviera el crédito. “El carro estaba a mi nombre y el crédito al de
ella”, explica. Este descendiente de puertorriqueños explica que le
urgieron a firmar los documentos sin darle la opción de revisarlos. Al
final, el carro de segunda mano que le dijeron que costaba $13,000
terminó, según el contrato, teniendo un costo de $26,866.
“A los tres meses lo tuve que arreglar y la garantía no me cubría más
arreglos que el electrónico”, dice Cintrón de un carro que no le
dejaron probar cuando pidió hacerlo. A los dos años, otro carro golpeó
su Hyundai mientras estaba aparcado y el seguro pagó lo que quedaba por
abonar. De otra manera habría pagado $275,93 al mes por los cerca de
seis años de vigencia del crédito.
Cintrón estaba contento. “Me alegra que esto haya salido a la luz, me
alegro que le den regaño por hacer esto a los hispanos, pero lo que
demandan se queda corto. Dos millones es poco”.
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