Santo Domingo.-“Ningún padre o madre de
estudiante está obligado a firmar pagarés notariales al momento de
inscribir o reinscribir a sus hijos en centros educativos privados,
salvo que sea por mutuo consentimiento o esté de acuerdo con el
contenido el mismo”.
La advertencia la hizo ayer la
consultora jurídica del Ministerio de Educación, Carmen Reyes Vargas, a
propósito de la medida que han tomado algunos colegios de hacer firmar a
los padres y tutores por sumas globales por las colegiaturas de sus
hijos de cara al año 2013-2014, con lo que estos pueden quedar, incluso,
expuestos a ser objeto de embargo sin mediación de juez.
Puso de relieve que en caso de darse ese acuerdo este nunca debe poner en riesgo la educación de los niños.
Reyes Vargas insistió en que ningún
centro privado puede expulsar a los niños hasta finalizar el año
escolar, como tampoco negarles sus documentaciones. Informó que el
Ministerio de Educación está obligado a velar por el derecho a la
educación de los niños, como lo establecen la Ley 136, la Constitución
y los convenios internacionales.
Exhortó a los padres a identificar
instituciones educativas con las que puedan cumplir con los
compromisos que establecen sus obligaciones, para evitar situaciones
de esa naturaleza, que al final pueden atentar contra el patrimonio de
la familia.
Pidió confiar en el sistema educativo público, que cada vez es de más calidad.
“Nadie está de acuerdo con firmar un
documento de esa naturaleza; eso es como si usted va a un banco a buscar
un préstamo para un apartamento, un viaje o un carro, si usted no está
de acuerdo con la tasa de interés, los plazos, pasa igual.
Es que el colegio ha identificado ese
instrumento para garantizarse su pago porque a veces son afectados por
grandes deudas, pero eso no es obligatoriedad”, puntualizó la
funcionaria.
Reconoció que los centros privados
pueden hacer uso de algún instrumento legal, como lo establece la
ordenanza jurídica para hacer valer el derecho a la retribución de los
pagos por parte de los padres.
Convención
“Siempre que ese acto notarial cumpla
con lo legalmente establecido, la institución educativa que tenga la
firma del padre lo puede hacer valer; ahora bien, esa es una convención
entre las partes de derecho privado”, comentó Reyes Vargas.
En relación a los incrementos de las
tarifas, dijo que desde hace más de un año, cuando la opinión se hizo
eco de algunas situaciones,
el Consejo Nacional de Educación se abocó a la revisión de la Ley 86-00
que establece las tarifas de los colegios.
“Se está nombrando una comisión de
notables juristas para armonizar con la Ley 66- 97 sobre Educación,
otra normativa que tendería a regularizar y modernizar toda la
normativa del sistema”, dijo.
Senado investigará el caso
El Senado iniciará una investigación
sobre la denuncia de que centros educativos privados están obligando a
firmar pagarés notariales al momento de inscribir o reinscribir
estudiantes.
La información fue dada a conocer por
la vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo, al ser abordada por
los periodistas que cubren el Congreso
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