El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Hugo Álvarez Pérez, dijo que ya tienen el informe provisional de la investigación especial realizada por la entidad a 11 de las obras involucradas en el caso Odebrecht, el cual es evaluado por los miembros del pleno, y estima que será concluida a finales del mes de septiembre.
Álvarez afirmó que cuando recibieron la solicitud de la realización de la investigación especial a las infraestructuras levantadas por la empresa brasileña, iniciaron los trabajos de campo en agosto de 2017, a pesar de que la entidad no contaba con presupuesto suficiente ni recursos.
“Es motivo de discusión en el pleno, ya tenemos varias semanas, porque hay supuestos hallazgos de carácter civil administrativo e inclusive hay miembros del pleno que consideran que hay violaciones de carácter penal, lo que todavía está en discusión”, expresó el funcionario.
Explicó, durante una entrevista en el programa televisivo El Despertador, que luego que el pleno tome la decisión final, remitirán una resolución que consiste en un acto administrativo, seguido de la notificación de las partes, quienes de no estar de acuerdo pueden presentar un recurso de reconsideración, un recurso administrativo o apoderar al Tribunal Superior Administrativo.
Señaló que para el año 2018 apartaron los recursos y continuaron con los trabajos de campo “en medio de innumerables inconvenientes que incluyeron un accidente de una de las auditoras en la carretera de Casabito”.
El titular de la CCRD indicó que, para los trabajos de campo en la investigación especial, contaron con la colaboración de un auditor internacional experto en obras de Odebrecht, el cual fue enviado por el contralor general de la República del Perú, Nelson Shack Yalta.
Al referirse al tiempo que duró la investigación, explicó que un proceso normal de una auditoria requiere de tres a cinco meses para su realización y tiene un costo aproximado de 500 mil pesos, y que en el caso específico de Odebrecht debían investigarse once obras, lo que demandó mayor tiempo y una gran inversión de recursos.
“Las once obras que abarca la investigación especial son: carretera de Casabito, Corredor Duarte I, Autopista del Coral, Circunvalación de La Romana, carretera el Río-Jarabacoa, carretera Cibao-Sur, carretera Bavaro-Miches, Corredor Duarte II, Ecovía de Santiago, Boulevard Turístico del Este y Circunvalación San Pedro de Macorís”, detalló Álvarez Pérez.
Seis acusados enviados a juicio de fondo
Hace un año que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, envió a juicio a seis de los siete imputados por los 92 millones de dólares que Odebreccht admitió haber pagado en sobornos en República Dominicana.
El 21 de junio del año pasado, Ortega Polanco descargó por insuficiencia de pruebas a Jesús Vásquez Martínez y dictó auto de apertura a juicio para el empresario y enlace comercial de Odebrecht en República Dominicana Ángel Rondón Rijo, el senador Tommy Galán Grullón, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa, el expresidente de Senado, Andrés Bautista, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Juan Roberto Rodríguez Hernández, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
Auditorías solicitadas en actual Gobierno
En cuanto a las auditorías solicitadas por los nuevos incumbentes, el presidente de la CCRD indicó que ya se han aprobado la del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mecyt), la Oficina Nacional de Derecho de Autor, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Industria y Comercio y Mypimes, entre otras.
“En mi opinión personal, es sano que una entidad como la Contraloría General de la República haga esas auditorías, las cuales deberán ser refrendadas o desechadas por la Cámara de Cuentas, de esta manera nadie va a dudar de ese tipo de auditoria”, consideró el funcionario.
En cuanto a las declaraciones juradas de bienes, comentó que al 7 de septiembre habían declarado 1,025 funcionarios, entre ellos el director general de la Policía Nacional, quien declaró en el día de ayer, y omisos hasta la fecha señalada hay 3,621 funcionarios.
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