Santo Domingo, RD.- Una compleja red integrada por abogados y agrimensores, habrían montado un mayúsculo fraude para apropiarse de seis millones trescientos sesenta y tres mil doscientos dos metros cuadrados (6,363,202 mts2) en zona de playa, para lo cual confeccionaron y utilizaron centenares de documentos falsos (contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos), relativos a la sociedad Costa Dorada, S. A., con la finalidad de apoderarse de su capital social, y con ello, de los terrenos con vocación turística propiedad de la empresa ubicados dentro de la Bahía de Salinas, al lado del Proyecto Los Corbanitos, en la comunidad de Sabana Buey, provincia Peravia; según expediente cuya audiencia preliminar que se encuentra siendo conocida por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del D. N., apoderado del caso, ha celebrado varias audiencias, la última de ellas el día 9 de noviembre del 2021, la cual se suspendió porque la imputada Ailec Paloma Soto envió un Certificado Médico que indicaba que estaba contagiada de Covid 19 y el imputado Rafael Olegario Helena reportó que tenía gripe, sin ofrecer ningún certificado médico.
Este inmueble, localizado en zona costera, en su parte sur colinda con playa, fue adquirido con fines de inversión, con la intención de desarrollar en el futuro, cuando se dieren las condiciones propicias, y fueran realizadas las obras de infraestructuras necesarias de parte del gobierno, un proyecto turístico.
Esos terrenos fueron adquiridos en el 1967 por el señor Juan Mayol Garrido (EPD) por la suma de RD$600 mil pesos, quien lo aportó en el año 1976 a la sociedad Costa Dorada, una empresa en la que poseía el 99.9% del capital accionario, vendiendo al año siguiente el 50% de las acciones a la familia Serrano Oms;
No obstante, de conformidad con el expediente y las pruebas que acompañan el mismo, mediante contratos de compraventa fechados en el año 2014 (47 años después de la compra original) mismos que han sido impugnados como falsos por la acusación, algunos de los imputados pretenden haber comprado dichos terrenos por el precio original de 1967 (RD$600,000.00) de manos de una persona que había fallecido 4 años antes de la pretendida venta.
La calificación dada en el acta de acusación particular a los hechos que se les imputan a los señores Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, es: asociación de malhechores, previsto y sancionado por los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal de la República Dominicana; falsedad en escrituras de comercio, previsto y sancionado por el artículo 147 del Código Penal; falsedad en escrituras auténticas, previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal; y, uso de documentos falsos, previsto y sancionado por el artículo 148 del Código Penal de la República Dominicana.
Las empresas acusadoras particulares, causahabientes de los propietarios originales de las acciones, son las sociedades: Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co, S. R. L., (ambas propiedades de la familia Mayol) y, Okra Company y Grand Cays (ambas propiedades de la familia Serrano Oms), de conformidad con el expediente.
El Dr. Rafael Olegario Helena Regalado y la sociedad Global Multibusiness Corporation se encuentran involucrados también en el caso de Bahía de Las Águilas, en el cual se alegó fraude en contra del Estado Dominicano.
La acusación manifiesta que el papel de los abogados fue vital para dirigir las acciones, por el gran número de documentos que fue necesario crear y darles apariencia de verdaderos. Igualmente establece la acusación que la falsificación se produjo por vía de duplicación o reproducción digital de firmas.
Al ser cuestionados a la salida de la audiencia preliminar, este martes 9 recién pasado, los licenciados Manny Sierra Pérez y Addy Manuel Tapia De La Cruz, expresaron: “Familias de trayectoria y de historias de trabajo honesto, de emprendedurismo, de confianza en la dominicanidad, que por mas de noventa años (en el caso de los Mayol) y sesenta años (en el caso de los Serrano Oms), han aportado su cuota de sacrificio por el desarrollo de la nación dominicana, a través de la creación de empresas y de miles de empleos, ahora se les quiere despojar de bienes obtenidos honrada y legalmente, mediante artilugios legales que incluyen la firma de supuestos acuerdos con personas fallecidas años antes de la fecha de suscripción de tales contratos”.
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