SANTO DOMINGO. En América Latina el escándalo por los sobornos pagados por Odebrecht sigue teniendo consecuencias al más alto nivel de las estructuras gubernamentales, excepto en República Dominicana, tercer país en recibir mayore cantidad de valores indebidos y donde operó por un tiempo la estructura operativa de pago de ilícitos de la multinacional a cambio de obras estatales
A pesar de que la constructora brasileña admitió haber distribuido US$92 millones del 2001-2014 para ser favorecida con obras y apoyar campañas políticas de diversos aspirantes a cargos congresuales y presidenciales, la investigación de la Procuraduría General de la República se ha enfocado en congresistas, ministros y exfuncionarios públicos.
Los pagos indebidos, de acuerdo con lo confesado por la empresa, se hicieron en los gobiernos de los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y del actual mandatario Danilo Medina, cuyo asesor de campaña, Joao Santana, fue condenado en Brasil. Sin embargo las indagatorias por el ilícito penal no han llegado a las altas cúpulas de poder y solo el movimiento Marcha Verde presiona para que se haga una investigación más profunda.
