Santo Domingo.- Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), informó que la Dirección General de Aduanas (DGA), recurrió por ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que le impidió en agosto del año pasado establecerle por resolución de manera ilegal e inconstitucional impuestos a las compras por internet con valores inferiores a los 200 dólares.
La Fundación conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, recibió recientemente de Aduanas y de otras entidades: Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC), Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), Asociación Nacional de Importadores (ANI), Unión Nacional De Empresarios (UNE), Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), Asociación de Fabricantes de Jeans de la Republica Dominicana (ASOJEAN), Asociación de Comerciantes de la Avenida Duarte (ASODUARTE) y Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago (ACENSA), un acto de alguacil, notificándonos de sus reiteradas pretensiones de gravar todas las compras por internet sin importar el valor de la misma.
Las entidades cívicas, tras depositar la contestación del recurso que deberá ser conocido por el Tribunal Constitucional, les reiteraron a las autoridades de Aduanas y a sus acompañantes que llevara el caso hasta las últimas consecuencias, sometiendo al gobierno al imperio de la ley, para que en lo sucesivo en casos como el ocurrente procuren las vías institucionales y constitucionales, como lo sería un decreto derogando las exenciones impositivas a las compras por internet, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de una Dirección General.
Para Justicia y Transparencia, con esta acción la Dirección General de Aduanas y las entidades que le apoyan vienen a remembrar el intento de una medida, “abusiva”, “ilegal” y “arbitraria”, que afecta “a las grandes mayorías del pueblo dominicano, especialmente la clase media, que carga sobre sus hombros el pago de prácticamente todos los impuestos nacionales”.
Asimismo, la FJT le hace un llamado al pueblo dominicano par que esté atento y vigilante ante lo que califica como un despropósito más del Director General de Aduanas al insistir en cobrar un impuesto ilegal e inconstitucional.
Potentini, informó que además de los abogados, D’anyeliz Vilorio Ramos y Heriberto Rivas Rivas, en representación de la fundación, también estarán presente como parte de esta nueva instancia por ante el tribunal constitucional la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU), representada por su presidente el jurista Felipe Herrera, y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, representada por el también jurista Domingo Rojas Pereyra.
La Fundación conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, recibió recientemente de Aduanas y de otras entidades: Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC), Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), Asociación Nacional de Importadores (ANI), Unión Nacional De Empresarios (UNE), Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), Asociación de Fabricantes de Jeans de la Republica Dominicana (ASOJEAN), Asociación de Comerciantes de la Avenida Duarte (ASODUARTE) y Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago (ACENSA), un acto de alguacil, notificándonos de sus reiteradas pretensiones de gravar todas las compras por internet sin importar el valor de la misma.
Las entidades cívicas, tras depositar la contestación del recurso que deberá ser conocido por el Tribunal Constitucional, les reiteraron a las autoridades de Aduanas y a sus acompañantes que llevara el caso hasta las últimas consecuencias, sometiendo al gobierno al imperio de la ley, para que en lo sucesivo en casos como el ocurrente procuren las vías institucionales y constitucionales, como lo sería un decreto derogando las exenciones impositivas a las compras por internet, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de una Dirección General.
Para Justicia y Transparencia, con esta acción la Dirección General de Aduanas y las entidades que le apoyan vienen a remembrar el intento de una medida, “abusiva”, “ilegal” y “arbitraria”, que afecta “a las grandes mayorías del pueblo dominicano, especialmente la clase media, que carga sobre sus hombros el pago de prácticamente todos los impuestos nacionales”.
Asimismo, la FJT le hace un llamado al pueblo dominicano par que esté atento y vigilante ante lo que califica como un despropósito más del Director General de Aduanas al insistir en cobrar un impuesto ilegal e inconstitucional.
Potentini, informó que además de los abogados, D’anyeliz Vilorio Ramos y Heriberto Rivas Rivas, en representación de la fundación, también estarán presente como parte de esta nueva instancia por ante el tribunal constitucional la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU), representada por su presidente el jurista Felipe Herrera, y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, representada por el también jurista Domingo Rojas Pereyra.
Santo Domingo.-
Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia
(FJT), informó que la Dirección General de Aduanas (DGA), recurrió por
ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Superior
Administrativo (TSA), que le impidió en agosto del año pasado establecerle por resolución de manera ilegal e inconstitucional impuestos a las compras por internet con valores inferiores a los 200 dólares.
La Fundación conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, recibió recientemente de Aduanas y de otras entidades: Organización
Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC), Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo (CCPSD), Asociación Nacional de Importadores
(ANI), Unión Nacional De Empresarios (UNE), Asociación Dominicana de
Industrias Textiles (ADITEX), Asociación de Fabricantes de Jeans de la
Republica Dominicana (ASOJEAN), Asociación de Comerciantes de la Avenida
Duarte (ASODUARTE) y Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago
(ACENSA), un acto de alguacil, notificándonos de
sus reiteradas pretensiones de gravar todas las compras por internet sin
importar el valor de la misma.
Las entidades cívicas,
tras depositar la contestación del recurso que deberá ser conocido por
el Tribunal Constitucional, les reiteraron a las autoridades de Aduanas y
a sus acompañantes que llevara el caso hasta las últimas consecuencias,
sometiendo al gobierno al imperio de la ley, para que en lo sucesivo en
casos como el ocurrente procuren las vías institucionales y
constitucionales, como lo sería un decreto derogando las exenciones
impositivas a las compras por internet, o lo más correcto una ley del
Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere
lugar, nunca la decisión unilateral de una Dirección General.
Para
Justicia y Transparencia, con esta acción la Dirección General de
Aduanas y las entidades que le apoyan vienen a remembrar el intento de
una medida, “abusiva”, “ilegal” y “arbitraria”, que afecta “a las
grandes mayorías del pueblo dominicano, especialmente la clase media,
que carga sobre sus hombros el pago de prácticamente todos los impuestos
nacionales”.
Asimismo, la FJT le
hace un llamado al pueblo dominicano par que esté atento y vigilante
ante lo que califica como un despropósito más del Director General de
Aduanas al insistir en cobrar un impuesto ilegal e inconstitucional.
Potentini, informó que
además de los abogados, D’anyeliz Vilorio Ramos y Heriberto Rivas Rivas,
en representación de la fundación, también estarán presente como parte
de esta nueva instancia por ante el tribunal constitucional la Alianza
Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU),
representada por su presidente el jurista Felipe Herrera, y la Cámara
Dominicana de Comercio Electrónico, representada por el también jurista
Domingo Rojas Pereyra.
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