El ex presidente peruano cambió el domicilio
de su documento de identidad por uno falso. “Esto confirma frente a qué
tipo de persona estamos”, dijo el procurador anticorrupción
Crédito foto: Reuters
La situación de Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, se complicó luego de que la prensa peruana revelara que el domicilio que figura en su documento de identidad es falso.
"Señalar datos falsos en un documento público es un delito contra la fe pública. Con esto evidentemente se confirma la incurrencia en un nuevo delito, el de de falsedad ideológica, y se confirma también frente a qué tipo de persona estamos", sostuvo el procurador Julio Arbizú.
Fujimori cambió la dirección domiciliaria que figuraba en su documento de identidad por la de una vivienda ubicada en el distrito limeño del Rímac, la cual se encuentra abandonada. Este cambio se produjo en agosto de 2012, ya que antes en el documento figuraba una dirección de Tokio, Japón.
De acuerdo a Arbizú, una persona en prisión no tiene una vivienda que no sea la de la cárcel donde purga condena y no puede cambiar de dirección mientras esté vigente la pena que cumple.
Sin embargo, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que el Registro de Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no aceptó la dirección de la sede policial donde el ex jefe de Estado cumple sentencia como un domicilio válido. "Se ha consignado una dirección con el consentimiento del propietario", manifestó el defensor.
Sin embargo, el gerente de Imagen Institucional del Reniec, Benito Portocarrero, aseguró que Fujimori tendrá que someterse a las sanciones de ley por haber consignado datos falsos en su documento de identidad.
Por su parte, el titular del Ministerio Público (Fiscalía), José Peláez Bernales, dijo que la Comisión de Gracias Presidenciales que atiende los pedidos de indulto, tendrá que evaluar la situación del ex presidente por el cambio de domicilio.
Fujimori, de 74 años, cumple desde 2007 una condena de 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros agravados de los cuales siempre negó la autoría mediata por la que se le aplicó la pena, uno de los principales motivos por el que amplios sectores se oponen a un posible indulto.
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