Una legislación para el Control de Venta, Suministro y Consumo de Bebidas Alcohólicas causaría un impacto muy lesivo a la actividad económica y a la generación de empleos, consideró la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Al objetar un proyecto de ley sobre el particular que circula en el Congreso Nacional, la AIRD indicó que un marco legal de ese tipo crearía confusiones, así como dualidades de roles institucionales en el combate contra el ilícito en las bebidas alcohólicas.
El gremio de los industriales aseguró que existen mecanismos para la fiscalización efectiva del expendio y consumo de bebidas alcohólicas sin necesidad de crear una ley como la citada.
Entre esos mecanismos legales citó las leyes 17-19, para la Erradicación del Comercio Ilícito; 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la 136-03 que dicta el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Asimismo, la Ley 358-05 General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario y la regulación tributaria (implementada por DGII y DGA), entre otras disposiciones.
“La recuperación económica que muestra el país es incipiente y hay que cuidarla y fortalecerla. El proyecto de Ley para el Control de Venta, Suministro y Consumo de
Bebidas Alcohólicas constituye un obstáculo para esta recuperación, especialmente en lo relacionado con el empleo”, advirtió la AIRD.
Sostuvo que establecer limitaciones y restricciones a las actividades comerciales mediante la imposición de licencias obligatorias, a micro, pequeñas y medianas empresas (especialmente a los más de 60 mil colmados y lugares de expendio de bebidas alcohólicas) en la actual coyuntura que vive el país, sería contraproducente ya que aumentaría los costos operacionales y muchos negocios se verían forzados a cerrar sus puertas.
Incentivo al comercio ilícito
La AIRD indicó que estas licencias constituyen un incentivo al comercio ilícito del alcohol, como ha sido la experiencia en otros países de la región, castigando así a los que cumplen con la ley y dando ventajas para continuar el comercio ilícito en detrimento del consumidor, los productores, los importadores y las recaudaciones del Estado.
“Es, por lo tanto, un incentivo que puede considerarse perverso, aunque es preciso aclarar que esta no es la intención del legislador”, apuntó.
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