El Cártel de Sinaloa, organización criminal liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, tuvo a su disposición más de 280 empresas y varios aliados para lavar su dinero, previo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada por el Congreso de la Unión en Octubre de 2012.
Se calcula que, antes de este nuevo marco jurídico, el crimen organizado lograba introducir anualmente más de 25 mil millones de dólares, provenientes de actividades ilícitas, al sistema financiero mexicano. Debido a esto, el Grupo de Acción Financiera del G7 revisó la legislación anterior y encontró al menos 45 “problemas” serios.
Un caso emblemático de la corrupción en el sistema financiero fue el de Casa de Cambio Puebla, que llevó a autoridades a retirarle el registro oficial en 2012; el banco británico HSBC estuvo involucrado en las triangulaciones que permitieron el lavado de dinero.
De acuerdo con el diario especializado El Economista, el Cártel de Sinaloa recibía dinero en efectivo a través de la pequeña casa de cambio fundada en 1985, que luego se transfería a sucursales del Banco Wachovia en la ciudad estadounidense de Miami, donde se blanqueaba. Al menos 13 aeronaves, que luego serían utilizadas para el trasiego de droga, fueron adquiridas mediante cuentas de este banco.
A su vez, HSBC abrió 60 mil cuentas a clientes mexicanos en Islas Caimán,
al tiempo que relajaba la supervisión a los depósitos que recibía. De
acuerdo con la oficina de combate al narcotráfico de Estados Unidos, la
organización del Chapo Guzmán consiguió blanquear un total de 881 millones de dólares entre los años 2006 y 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La DEA encontró irregularidades en transacciones en efectivo por cientos de miles de dólares, todas en México y destinadas a una sola cuenta. Esto llevó a la agencia a determinar que una sucursal mexicana de HSBC era la puerta de entrada a la red global del banco.
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