Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO
Santo Domingo
La condena del juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional al director agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, al pago de RD$500,000 como indemnización por difamar al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, podría verse como un ejemplo del respeto que se debe a la Ley 6132.
Esa ley, estudiada en las escuelas de periodismo del país, que aunque obsoleta todavía, cumple con la misión de mantener a raya a los difamadores, se redactó a poco de finalizar la era de Trujillo, para prevenir la difamación, la injuria y proteger la reputación de las personas, que fueron los alegatos del señor Peralta al poner su demanda.
Al lanzar su acusación, Faña fue muy confiado quizá porque era un dirigente político y por su presunción de que al gobierno lo tienen sus opositores sobre una tablita de Benihana donde todo el que quiera puede echarle manos a la “mocha” para picar reputaciones, que en el caso de Peralta se ha basado en el trabajo.
Faña arriesgó su ganancia en el juicio y el respaldo de su partido en la lidia por la secretaría general, al evitar una conciliación, sin tener las pruebas de que el ministro Peralta había constituido una mafia con los permisos de importación de habichuelas y otros productos agrícolas, ignorando que sus negocios eran anteriores al presente régimen.
Se lo dijeron...
En un análisis escrito a poco de que el funcionario anunciara que sometería a Faña por difamación e injuria y el dirigente del PRM se negara a rectificar, y más bien reiteró su acusación, se comentó que la misma podría pasar de ser un lance personal a uno político, dado su rango y sus aspiraciones a la secretaría general del PRM.
Faña fue condenado solamente al pago de 500,000 pesos porque la costumbre desde que se promulgó la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, ha sido evitar las condenas de cárcel quizá para proteger al país de la noción de que no se respetan las opiniones que vierten las personas a través de los medios.
Peralta tuvo ganancia doble recientemente porque antes de la condena a Faña, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hiroíto Reyes, de la Suprema Corte de Justicia, confirmó el archivo definitivo ordenado por la Procuraduría General de la República, en ocasión de la querella puesta contra el ministro por la empresa Lácteos Dominicanos (LADOM).
En su alegato para defender a Peralta, el abogado Julio Cury dijo que “un punteo serio y cuidadoso de la conducta alegadamente reprochable con los elementos constitutivos de los tipos penales endilgados, ponía de manifiesto su atipicidad, y al no configurar infracción alguna, la confirmación del archivo definitivo era tan justa como inevitable”.
Al dirigente agrario del PRM lo dejaron solo porque el excandidato presidencial, Luis Abinader, que es empresario, no asumió un caso que quizá estimó temerario, en tanto que el expresidente Mejía tenía su propio juicio contra el senador de la provincia Peravia, quien le hizo una acusación de difamación.
El senador Wilton Guerrero, en un documento que presentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, admitió que calumnió al expresidente Mejía al decir que el dirigente político había viajado al exterior en un avión perteneciente al narcotraficante Joaquín Guzmán, El Chapo, hace seis años.
Peralta, un pararrayos
El ministro Peralta ha sido una especie de pararrayos para proteger al presidente Medina de situaciones imprevistas.
Él fue quien anunció, para regocijo de la prensa y del público, que el gobernante se proponía hacer designaciones a principios de la semana, lo que ocurrió a pocas horas de su aviso.
Medina nombró a 49 funcionarios de mediano y bajo rangos, pero cuando las graderías estaban listas para aplausos anticipados a su discurso del martes 27, surgió el inconveniente de que se había designado como viceministro de la Juventud a Vantroi Suazo, quien guarda prisión por darle una paliza a su esposa. El artículo del decreto que lo nombraba fue derogado.
Otro caso de escándalo fue el de Andrés Boció Fortuna, cónsul en Ans-a- Pitre, Haití, que llamó la atención de los periodistas al tiro porque en enero de 2007, el Servicio de Inteligencia del Ejército lo investigó y la Cancillería lo canceló por operar dos consulados suyos que emitían visas al margen de las normas y por trata de haitianos.
El rumor público dijo que Suazo fue un recomendado por el senador de Peravia, Guerrero. De Boció Fortuna no se sabía si habría sido destituido el jueves por la tarde cuando se escribió el presente trabajo. La repetición de un diplomático o cónsul en un puesto anterior, se cree que no es grato para las cancillerías.
El ministro Peralta tuvo que salir en defensa de su gobierno al afirmar que “casos como el de Van Troi no deben pasar en el país”, al tiempo de recomendar más cuidado a los organismos que asesoran al Poder Ejecutivo como la Consultoría Jurídica. Pidió estar más pendientes.
Un conocedor de los asuntos del Estado dijo que hubo un múltiple fallo: de la Procuraduría General de la República, que al parecer no comunicó al Poder Ejecutivo la situación del señor Suazo; de la Consultoría Jurídica, encargada de preparar los borradores de los decretos y de la Dirección de Prensa del Palacio.
El traspiés ocurrido tiene tal dimensión que algunos comentaristas trasuntaron que el evento tenía todas las características para dañar o hacer saltar del puesto al consultor, doctor Espinal, un producto de la llamada sociedad civil, pero quien antes fue embajador en los Estados Unidos.
Se entiende que la Dirección de Prensa tiene que leer todo lo que el Poder Ejecutivo remite a los medios de comunicación, no solamente por el fondo sino también por la forma de la redacción.
No tanto un cónsul, pero un viceministro tiene un rango muy alto como para que pase por alto su designación si está subjúdice.
Es malo que la creencia general pudiera ser que un viceministro es alguien de la confianza del Presidente, que podría en algún momento ocupar las funciones de ministro. En Estados Unidos el presidente Donald Trump, después de un año y dos meses en el cargo, todavía busca nombres para algunos viceministerios.