EnXclusiva

Fondos de pensiones y el gobierno

Comparto la idea de que una parte de los fondos de pensiones puedan ser invertidos en proyectos de viviendas populares tal y como se ha hecho en otros países latinoamericanos.

Desde que el presidente Fernández planteó hace unos meses la idea de que una parte de los casi 70 mil millones de pesos que hay acumulados en los fondos de pensiones pudieran ser utilizados, tal y como establece la Ley 87-01) en proyectos de viviendas populares, lo ví como una preocupación muy justa. Y esto así porque ciertamente resulta muy cuesta arriba que en una sociedad como la nuestra con una deuda social tan amplia, se dé el caso de que 70 mil millones de pesos estén ociosos sólo ganado intereses en los bancos, a pesar de que la propia ley que los resguarda plantea que los mismos deben ser usados en obras que tengan una garantía segura para el retorno de la inversión.

La experiencia en cuanto al uso de los recursos de las pensiones en obras de infraestructura, en especial en la construcción de viviendas, ha sido positiva en países como Chile, Argentina, Colombia y Perú, entre otros. La preocupación en esos países, al igual que en el nuestro, es que a dichos recursos se les dé un uso adecuado, que no se vayan a dilapidar o que los gobiernos vayan a utilizarlos para otros fines que no son los permitidos por la leyes que les dan protección.

En el caso dominicano existen diversos sectores económicos y políticos que se han opuesto a esa idea debido a que el gobierno no había presentado una idea clara de cómo utilizaría esos recursos y cuáles eran los planes concretos para su implementación garantizando su tasa de retorno efectiva. En la mente de muchos dominicanos, y debo decir que con justa razón, están presentes los lamentables acontecimientos ocurridos con los fondos acumulados en el quebrado Banco de los Trabajadores y el Instituto Dominicano del Seguro Social.

En esta situación histórica que vivimos las cosas son un tanto diferentes, pues de lo que se trata es de usar una parte considerable de ese gran cantidad de dinero para implementar la construcción de viviendas populares las cuales beneficiarían precisamente a esos mismos trabajadores que son los dueños de esos recursos.

Y serían viviendas de muy buena calidad y de bajos precios debido a que el gobierno daría facilidades para donar los terrenos donde se construirían esas viviendas y además les darían exenciones tributarias a los materiales y servicios aplicados en su proceso de construcción. Todo eso garantizará que los precios de las viviendas sean mucho más bajos, con tasas de interés asequibles y con plenas garantías de retorno rápido de la inversión, pues ante esa realidad todos los bancos comerciales del país estarían interesados en ser parte de esos planes económicos.
La implementación de este proyecto debe darse teniendo como base un amplio proceso de concertación entre todos los sectores que forman parte de esta iniciativa, tanto del sector público como del sector privado.

Se debe tener muy claro que este dinero no es del gobierno y que por lo tanto no debe usarse en otro aspecto que no sea el que claramente la ley precisa. Y si bien el gobierno ha planteado la aprobación de una nueva ley para abrir el abanico de posibilidades de inversión las mismas deben tener como elemento principal que garanticen el retorno de la inversión y la permanencia de esos fondos. Nada de financiar deuda pública o cubrir déficit fiscal con esos fondos.

Euri Cabral
Es Comunicador y Economista
eurizina@hotmail.com