El Partido de la Liberación Dominicana tiene muy pocas
posibilidades de salir airoso en el desafío que supone la elección de la Junta
Central Electoral, tarea que corresponde, exclusivamente, al Senado de la República
bajo el dominio absoluto del PLD.
Digo lo anterior ante la evidencia, prima facie, de que
no importará la demostración de desprendimiento que dé el PLD y aun cuando tratase
de consensuar la elección de la JCE, esos sectores políticos y fácticos no
estarán satisfechos a menos de que la Junta quede integrada conforme sus
intereses.
Se supone que, en principio, esta facultad debería ser
ejercida por los senadores sin miedo a los factores ajenos al ámbito
legislativo, especialmente la llamada sociedad civil que sin contar con un solo
voto verificable pretende influir en las grandes decisiones nacionales que
competen solo a los delegatarios de la voluntad popular.
Esos sectores cuentan con la explicable complicidad de
organizaciones políticas importantes, las cuales se prestan a subvertir del
orden institucional con la intención de obtener por el patio lo que no pudieron
por la puerta principal. Es esto, las recientes elecciones.
Visto el panorama que se le presenta en lo inmediato,
lo mejor que pudiera hacer el PLD sería ratificar en pleno a la Junta actual,
pues si decide cambiarla estaría dándoles la razón de la oposición política y a
sus socios de la sociedad civil, para los cuales el pasado proceso eleccionario
ha sido el más sucio de toda la historia nacional.
Resultaría que si el PLD sucumbe al bombardeo que en
ese sentido se lleva a cabo desde el día siguiente de los comicios, admitirá
que Danilo Medina y los demás candidatos ganadores--solo los del PLD puesto que,
obviamente, los otros no--, fueron producto de un fraude descomunal.
En el caso de que por algún tipo de conveniencia el
Senado decidiera la introducción de modificaciones en la Junta Electoral, lo
más aconsejable sería ascender a uno de los actuales integrantes del pleno. Y
la persona más adecuada sería la doctora Rosario Graciano de los Santos, por
múltiples razones a analizar en otro momento.
Sería una torpeza aceptar las presiones
para que todos los miembros de la JCE, e incluso los principales funcionarios
administrativos, fueran cambiados como pretenden los mencionados sectores.