SANTO DOMINGO.- (Fuente diariolibre.com)
El Tribunal Superior
Administrativo (TSA) acogió un amparo preventivo contra la medida de la
Dirección General de Aduanas, de establecer mediante decisión
administrativa el cobro de impuestos a los artículos comprados por
Internet que cuesten menos de US$200.
El Tribunal fijó para el próximo viernes 8 de agosto el conocimiento del amparo que busca revocar la medida, que por considerarla ilegal fue interpuesto por La Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECU), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (CADOLEC).
La acción constitucional de amparo en contra de aduanas estará dirigida a impedir la conculcación y violación de varias disposiciones legales, incluyendo la constitución y tratados internacionales, tales como el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12 y la Ley 358-05, sobre la protección de derechos del consumidor o usuario, los artículos 53, 93 y 110 constitucionales y elTratado de Libre Comercio "DR-CAFTA".
La FJT, ante la inminente y decidida voluntad política del gobierno dominicano de violentar la institucionalidad, adelantó que llevará este caso hasta las últimas consecuencias.
El presidente de la entidad, Trajano Potentini, llamó al pueblo dominicano a empoderarse, reclamando cívicamente el respeto a las leyes y a la institucionalidad del país y a que acudan este viernes a hacer causa común con las entidades que mantienen la lucha.
El Tribunal fijó para el próximo viernes 8 de agosto el conocimiento del amparo que busca revocar la medida, que por considerarla ilegal fue interpuesto por La Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECU), la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (CADOLEC).
La acción constitucional de amparo en contra de aduanas estará dirigida a impedir la conculcación y violación de varias disposiciones legales, incluyendo la constitución y tratados internacionales, tales como el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12 y la Ley 358-05, sobre la protección de derechos del consumidor o usuario, los artículos 53, 93 y 110 constitucionales y elTratado de Libre Comercio "DR-CAFTA".
La FJT, ante la inminente y decidida voluntad política del gobierno dominicano de violentar la institucionalidad, adelantó que llevará este caso hasta las últimas consecuencias.
El presidente de la entidad, Trajano Potentini, llamó al pueblo dominicano a empoderarse, reclamando cívicamente el respeto a las leyes y a la institucionalidad del país y a que acudan este viernes a hacer causa común con las entidades que mantienen la lucha.
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