Santo Domingo.- El
Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación Democracia Global y
Desarrollo (Funglode) considera que el gravamen a las compras por
Internet dispuesto por Aduanas expone el país a sanciones del acuerdo
comercial DR-Cafta que suscribió con Centroamérica y Estados Unidos.
El economista Juan Manuel Pérez, de
Funglode, que realizó un estudio sobre el tema, afirmó que la violación
se concretó desde que se emitió el decreto 402-05 autorizando el
gravamen pese a que choca contra uno de los artículos del DR-Cafta, por
ser vinculante.
“Debemos hacer como Uruguay, que las
limita a través de un control de las tarjetas de crédito a cinco compras
por personas al mes o como Colombia que carga un Itebis directo a las
tarjetas y lo mismo Costa Rica, mientras otros centroamericanos fijan un
impuesto al peso del artículo previa aprobación del Congreso”, sugirió.
Pérez, entrevistado por Manuel Jiménez y
Felipe Ciprián en Propuesta de la Noche por Digital 15, consideró que
la modalidad de compra por Internet es “indetenible”, por lo que sugirió
al comercio local buscar nuevas formas de introducirse en ella.
Comentó que la variedad y la diversidad y
el ahorro es lo que ha inducido sobre todo a la clase media a preferir
esa vía que le permite destinar lo ahorrado al pago de otros bienes y
servicios en el mercado local.
“Es difícil que los dominicanos cambien
este patrón de consumo al que están habituados ya con la imposición de
gravámenes, pues resulta más económico que el comercio local con una
estructura de costos que incluye una factura eléctrica cara y pago de
empleados mayores”, que los de su competencia estadounidense, dijo.
Estimó inconsistente el argumento de
Aduanas de que el fisco deja de percibir veinte mil millones de pesos,
cuando la propia Encuesta de Hogar de la Dirección de Estadística revela
que los compradores por Internet son 65 mil al mes durante todo el año.
“Lo que debe estar ocurriendo entonces
es una evasión que Aduana debe perseguir, pues no es cierto que 65 mil
compradores de clase media puedan generar un gasto tributario mayor de
tres mil millones, si el total de las importaciones es de 400 millones
de dólares al año”, explicó Pérez.
Recordó que la propia Dirección de
Presupuesto informó que esas compras ni siquiera están entre las diez
principales fuentes de gastos tributarios del Estado para este año, por
ser de apenas 2 mil 107 millones de pesos, inferior a los 5 mil 300
millones que calcula Aduanas y a los más de 6 mil millones que estima el
Conep para final del año.
“Por lo tanto, gravar este tipo de
compras estaría acarreando para el país en un futuro no muy lejano
eventuales sanciones de los países miembros del DR-Cafta y además un
perjuicio al comercio exterior”, previno Pérez.
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