Sus abogados llevaban semanas enfrascados en conversaciones con el ministerio público, que finalmente no han llegado a buen puerto. La cantante colombiana no ha aceptado la propuesta al considerarla desproporcionada y contraria a sus intereses. Aunque la posibilidad de llegar a un pacto está abierta hasta el mismo día de juicio, todo apunta a que finalmente se sentará en el banquillo de los acusados. Shakira acusa a la Fiscalía de “intransigente” y le acusa de recurrir a “medios indebidos para presionar”.
“La cantante confía plenamente en su inocencia y no acepta una conformidad”, recoge un comunicado remitido por el entorno de Shakira, que considera que la causa penal contra ella es “un atropello a sus derechos”. La cantante se mantiene en los mismos argumentos que ha sostenido desde el principio: que no tiene ninguna deuda pendiente con Hacienda -abonó 17,2 millones de euros que le reclamaron- y que confió en el criterio de los especialistas y asesores que le aconsejaron sobre cómo pagar impuestos.
Tras buscar en vano un acuerdo con la Fiscalía, la cantante lanza un dardo contra la institución: “Jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco”, señala el comunicado, que acusa al ministerio público de “intransigente” y de no tener “pruebas directas o criterios razonables” que sustenten su posición. “La Fiscalía ha recurrido a medios indebidos para presionar, tal como hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos”, afirma la artista en la primera declaración pública sobre este asunto, más allá de las explicaciones que dio en su declaración como investigada ante la jueza.
La negativa a rubricar el acuerdo supone, entre otras cosas, que la Fiscalía presentará, en breve, escrito de acusación contra Isabel Mebarak Ripoll por seis delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014. Según la acusación, durante esos años la cantante ya era residente fiscal en España y, por tanto, debía pagar aquí sus impuestos, cosa que no hizo. La estrategia de Shakira ha pasado, desde el inicio del proceso penal, por sostener que tenía su residencia legal en Bahamas y que visitaba España de forma esporádica. Pero esa tesis fue desmontada por los inspectores de Hacienda, que indagaron en su vida privada en Barcelona junto al futbolista Gerard Piqué, del que ahora está separada.
El pasado mes de mayo, Shakira perdió su última oportunidad para ganar el caso sin llegar a juicio. La Audiencia de Barcelona tumbó un recurso de la artista y vio indicios suficientes para considerar que pasó “más de 183 días en España” durante ese periodo, requisito que fija la ley para que un ciudadano sea considerado residente fiscal. La decisión judicial llevó a la defensa de la cantante a explorar la posibilidad de un pacto desembocara en una rebaja de la pena.
Los pactos con las acusaciones son una práctica habitual en los delitos fiscales, especialmente cuando hay personajes públicos involucrados. El juicio a una estrella internacional supone siempre una exposición mediática enorme. En el caso de Shakira, eso significa el desfile de testigos que expliquen su vida en Barcelona, ya que el núcleo de la causa consiste en aclarar si pasaba la mayor parte del tiempo en la capital catalana. Pero la cantante, según ha comunicado a su entorno, no temía enfrentarse al banquillo.
En la búsqueda de un pacto, las partes tenían claro que había que proponer una rebaja de la pena mediante circunstancias atenuantes; por ejemplo, la reparación del daño, ya que la cantante ha consignado importantes cantidades económicas en el juzgado para hacer frente a posibles responsabilidades en caso de condena. Otra de las premisas que estaban sobre la mesa era que la pena se debía rebajar hasta el umbral de los dos años y que la Fiscalía, llegado el momento, no se opondría a la petición de la defensa de dejar en suspenso su ejecución.
A cambio de evitar el ingreso en prisión, Shakira asumiría que cometió los delitos y tendría que pagar una abultada multa. Según fuentes judiciales, llegó a haber dos propuestas encima de la mesa. Pero la cantante ha considerado que la propuesta final era inasumible y la ha rechazado frontalmente. Las conversaciones han topado con un obstáculo añadido, y es que no hay una sino tres acusaciones: la Fiscalía, la Abogacía del Estado -que representa los intereses de la Agencia Tributaria- y la Generalitat, ya que los impuestos defraudados fueron el IRPF pero también el de patrimonio, que gestiona el Gobierno catalán.
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