El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, explicó este lunes el proceso que se realizó para la aprobación de la construcción del aeropuerto de Bávaro.
“He considerado oportuno, como un ejercicio de transparencia, informar sobre las fases agotadas en dicho proceso y en particular el papel que jugó la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo” informó.
Explicó que ante la solicitud que el 31 de octubre de 2019 que sometió el Grupo ABRISA y la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB a la Comisión Aeroportuaria, esta emitió la Resolución núm. 6796, del 23 de enero de 2020.
Mediante dicha resolución, otorgó su no objeción al desarrollo, construcción y explotación económica del proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro, cuya inversión y costo total será responsabilidad exclusiva de las referidas entidades privadas.
El 29 de enero de 2020, mediante el oficio núm. 0000072, la Comisión Aeroportuaria remitió al Poder Ejecutivo, para consideración, la referida resolución a fin de que, si lo considerase pertinente, procediese a: (1) aprobar el establecimiento de dicho proyecto de aeropuerto.Esto, en virtud de la potestad que le otorga el literal r) del artículo 26 de la Ley núm. 491-06, de Aviación Civil de la República Dominicana.
De igual manera, (2) instruir la suscripción de un contrato entre el Estado y el referido grupo empresarial en los mismos términos y condiciones que los contratos formalizados con las demás empresas operadoras de aeropuertos internacionales de propiedad privada en el país.
Estos aeropuertos son el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Aeropuerto Internacional de La Romana y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Dado el carácter altamente especializado de esta materia, integré un equipo de abogados de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezado por un servidor, para realizar un estudio tanto histórico como legal sobre el régimen aeroportuario del país.
El objetivo es que, llegado el momento, la Consultoría Jurídica estuviese en condiciones de orientar, desde el punto de vista legal, la decisión que eventualmente pudiese tomar el presidente de la República en virtud de sus potestades constitucionales y legales.
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