El presidente electo, Luis Abinader, designó una comisión de alto nivel que evalúa las instituciones del Estado que a partir del 16 de agosto quedarán eliminadas, fusionadas o reestructuradas, entre las que figuran la Lotería Nacional, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) y el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi). La comisión la encabeza el abogado y director legal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sigmund Freund y la integran Darío Castillo, Antoliano Peralta y Luis Valdez.
En total, alrededor de 20 instituciones serían impactadas en el proceso de reestructuración que implementará el nuevo gobierno.
Ayer, el presidente electo anunció que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) será fusionado con Bienes Nacionales. “No se venderá un metro más propiedad del Estado a particulares, y las porciones de terreno disponibles, se utilizarán en proyectos sociales, producción y de desarrollo económico”, declaró Abinader en su cuenta de Twitter. En el caso de la Lotería Nacional y el Inespre, el objetivo sería reestructurarlas y reformarlas, no eliminarlas. “El presidente tiene un gran interés en que el Inespre juegue un rol distinto al que ha venido jugando y se hará una reestructuración”, comentó una fuente del equipo que trabaja el tema.
Para anular instituciones se necesita una ley
Algunas instituciones están establecidas por ley y para disponer de su eliminación sería necesario someter una legislación para esos fines. Algunas instituciones que siempre han sido objeto de críticas tanto por la naturaleza de sus funciones como por la duplicidad de funciones son la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial, Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), Comunidad Digan, Instituto Nacional del Azúca, Instituto Nacional de la Aguja, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y el Instituto Nacional de la Uva. Una experiencia sobre el reagrupamiento de instituciones con duplicidad de funciones lo aportó la Ley de Tránsito que creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que agrupa todas las instituciones del sector transporte que estuvieron dispersas hasta la aprobación de esa ley.
En tanto, el Invi sería elevado a la categoría de ministerio mediante un proyecto de ley que sería sometido por el Ejecutivo y de la nueva entidad formarían parte todas las instituciones públicas vinculadas al tema de la vivienda.
La comisión se ha estado reuniendo con la finalidad de elaborar un decreto que saldría el mismo 16 de agosto, día de la juramentación del nuevo presidente, que evaluará la razón de ser de los consejos de algunas instituciones vinculadas al sector financiero y eléctrico.
“El decreto que saldría el 16 de agosto anunciaría una serie de reestructuraciones, supresiones y modernización del Estado”, comentó una fuente ligada al equipo de transición.
Entre los planes de transformación institucional que tiene en agenda Abinader figuran someter un proyecto de Ley para transformar mediante una legislación los programas de asistencia social, entre ellos la tarjeta Solidaridad que beneficia a casi un millón de familias. Según una fuente del equipo de transición técnica del gobierno entrante, está en discusión la posibilidad de fusionar todos los programas de asistencia social y crear un ministerio o una dirección general que agrupe todas las instituciones que tienen un enfoque de asistencia social.
En el reordenamiento institucional del sector vivienda, el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) establece que hay una dispersión de las instituciones que trabajan el tema. El plan describe que al menos 11 instituciones se han involucrado en ese tema, entre las que resaltan el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi); Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda (Inavi), Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecaria, Consejo Interinstitucional para Coordinación de Viviendas y la Comisión Presidencial de Ventanilla Única de Inversión Inmobiliaria.
Ya el presidente electo anunció que el Despacho de la Primera Dama no manejará programas de asistencia social, sino que serán transferidos a las instituciones que tengan afinidad con cada uno de esos proyectos. Igualmente, Abinader anunció la disolución de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). El nominado para ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, adelantó que otras instituciones serán fusionadas o eliminadas.
Igualmente, el sector eléctrico estará bajo la dirección estricta del Ministerio de Energía y Minas, que presidirá Antonio Almonte, a partir del 16 de agosto.
La Finjus apoya
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) señaló que apoya todo el proceso de reestructuración del Estado para que la actual configuración se ajuste estrictamente al mandato constitucional y evite dualidades de funciones en determinadas instituciones públicas.
“No puede ser posible que se continúen creando instituciones que desvirtúen o sustituyan las atribuciones de otros entes públicos.
Esta situación no se adhiere al principio de racionalidad y legalidad”, expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, en un comunicado de prensa.
Respaldó que sectores sociales se aboquen en un diálogo para generar consensos sobre el proyecto de ley de reorganización de la administración pública, depositado en el Congreso desde el año 2017.
Aseguró que el Estado requiere de reformas apegadas a la Constitución y que puedan eficientizar el servicio público, apegado a normas jurídicas claras e impidiendo distorsiones que hagan prevalecer la situación actual que lesionan la legalidad, seguridad jurídica y la institucionalidad democrática del país.
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