La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) rechazó las declaraciones que han emitido los fiscales Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez, luego de que se variara la prisión preventiva de varios implicados en casos de corrupción.
Un comunicado firmado por la presidenta de la entidad, Elka M. Reyes Olivo, señala que esas “expresiones injuriosas” en contra de los miembros del Poder Judicial, obedecen a prácticas populistas.
“Invitamos a los procuradores antes señalados, a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público”, dice el comunicado.
Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez cuestionaron en un programa de televisión la decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty Marín Polanco Herrán, por imponer medidas de coerción distintas a la prisión, así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado, además de la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impuso medidas de coerción distintas a la solicitada.
Por último, tras la variación de la medida de coerción de Adán Cáceres, la Pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner y Rafael Núñez de Aza, Wilson Camacho, indicó que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción…. Constituyendo esta última, una afirmación injuriosa en contra de todos los jueces del país”.
Explica, además, que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando “ataques y acusaciones” y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas, resquebraja la institucionalidad e independencia de ese Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia.
Indica que todos los jueces actuaron en el marco que les confiere la ley y que ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, ya que es en los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho.
“Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación”, dice.
Por último instan al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, a reforzar a través de cursos de formación, el debido comportamiento “ético de estos miembros del Ministerio Público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91”.
