Por Noticias SIN28-07-2021 - 11:15 AM
Ante esta situación la empresa, a través de sus representantes, reclama una compensación de US$15 millones por una deuda de Cap Cana del 2007 confirmada en un arbitraje y no pagada.
SANTO DOMINGO.- La empresa Mahoe Trading, de Islas Vírgenes Británicas, se querelló en la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra Abraham Hazoury; Miguel Surun, presidente del Colegio Dominicano de Abogados; Robert Hernández de Castro y las empresas Cap Cana y CVC-ONE por asociación de malhechores, evasión tributaria y falsedad y uso de documentos falsos y violación a ley sobre declaración jurada de patrimonio de servidores públicos.
Ante esta situación la empresa, a través de sus representantes, reclama una compensación de US$15 millones por una deuda de Cap Cana del 2007 confirmada en un arbitraje y no pagada.
En la querella en la que se constituye en actor civil, Mohoe Trading, registrada en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, también incluyen la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro y Rafael Fernández, Castro, quien junto a Hazoury son importantes promotores del proyecto de nuevo aeropuerto.
La entidad comercial querellante adquirió en el 2007 un solar en los “Farallones de Trump” de Cap Cana por más de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo en el cual recolectó más de US$300 millones, pero no cumplió con el compromiso de construir allí casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos.
Mahoe solicitó la devolución de lo pagado pero al no tener respuesta acudió a la instancia establecida para dirimir las reclamaciones, que es la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, done en diciembre del 2020, casi tres años después de iniciado el proceso, se condenó a Cap Cana a devolver los US$2.9 millones y pagar US$567 mil de indemnización. No ha podido cobrar la deuda.
La querella plantea a la procuradora genera la República, Miriam German, que las operaciones comerciales realizadas por las empresas CVC-ONE y Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), de común acuerdo entre Hazoury y Surun, son un “fraude” para aparentar “operaciones de tipo legal”, con la mala “intención de defraudar acreedores”.
Señala el documento que en el 2019 Surun (como representante de CVC-ONE y Hazoury (actuando por el AIB) realizaron operaciones comerciales que suman RD$2,193 millones, y se trata de la venta de los terrenos ubicado en 5 parcelas en los que se proyecta construir el nuevo aeropuerto, que solo unos pocos días antes CVC-ONE había adquirido por RD$123.2 millones.
Explica que acude a la PEPCA, porque Surun, como presidente del Colegio de Abogados, entidad que recibe fondos y administra fondos públicos, está obligado por la Ley 311-14 a presentar una real “la declaración jurada de su patrimonio”, que pretende ocultar con maniobras fraudulentas.
Señala que las ganancias de estas operaciones no aparecen registradas en la declaración jurada de Surun como presidente del Colegio de Abogados correspondiente al 2019, y afirma que los recursos para comprar los terrenos a CVC-ONE provienen de “los dineros sacados simuladamente de Cap Cana S.A.”, un “deudora morosa que nunc cumple” con sus obligaciones.
Rebela la querella que según el Registro Mercantil el gerente de CVC-ONE es Hazoury, lo que establece una “confusión criminal y un traspaso de calidades” fraudulentas y simulada es al mismo tiempo vendedor y comprador.
Explica que en los meses julio-septiembre del 2019 CVC-ONE, teniendo como gerente a Surum, compró 5 parcelas por RD$123.2 millones; y esos mismos terrenos fueron al AIB por RD$2,123 millones, generando un beneficio de RD$2,070 millones, de los cuales debió pagar al Estado impuestos por ganancias por RD$517.6 millones. El documento pregunta: “¿Dónde medio Surun todo ese dinero?”
Lora, representante legal de Mahoe señaló, que por las dificultades para cobrar, fue necesario estudiar el complejo entramado de sociedades comerciales locales e internacionales creado por Cap Cana.
Se decidió actuar, dijo, porque este grupo económico, que no cumple el resultado del arbitraje, es responsable de sospechosos procedimientos con una empresa que no tiene registradas actividades económicas ni pago de impuestos, la CVC ONE, que invirtió 123.2 millones de pesos en la compra de terrenos.
Propiedades, detalla, que CVC ONE vende más tarde por US$38.4 millones (RD$2.2 mil millones) al Aeropuerto Internacional de Bávaro; y como en julio del 2019 Surún había traspasado CVC ONE a Hazoury Total, y la venta de los terrenos se produjo tres meses después, en octubre del 2019, resulta que la compra venta la hicieron empresas con el mismo propietario.
