Por: José R. Martínez Burgos
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Desde que alguien se invento en el año 1997 la famosa ley 17-97 que el Gobierno, tenia que incluir en el presupuesto de la nación, el 4% de las recaudaciones para los ayuntamientos, éstos se han convertido en el mejor de los negocios para los Síndicos y Regidores de todo el país salvo contadas excepciones, y con ello ha quedado constituida una nueva clase dominante cómplice de todos los grupos políticos, que comenzó a actuar una vez desapareció la dictadura, o sea, en el mismo instante en que se instaló la democracia en
Los ayuntamientos son buenos negocios, muy rentables para los Síndicos, ahora Alcaldes, los Regidores y ciertos lideres políticos, que actúan detrás del escenario, son en vedad el alcantarillado de aguas de corrupción económica que propicia toda clase de actividades y el éxito en sus gestiones está enmarcado en la máscara de los procedimientos que les proporciona el poder.
Esta corrupción todavía ausente de estudio en nuestro país, emana de la misma naturaleza del sistema urdido de un Estado fraguado por un tinglado electoral respaldado por las oligarquías tradicionales que perviven aún después del surgimiento de la democracia, porque cuando los ricos han llegado al poder en nuestro pedazo de isla esto ha implicado que se robe menos, porque el apetito del acumulador de riquezas no está muy distante del corrupto que tiene ya establecido un árbol genealógico, que no necesitan del consejo o el asesoramiento de los aventureros de la economía.
Durante todos estos años, sobretodo cada cuatro años, nuestra clase política nos ha sorprendido con sus subidas de sueldos espectaculares no solo en el Gobierno Central, si no también en todos los municipios, hasta en los ayuntamientos más alejados y pobres.
Podríamos decir, que siempre hay unanimidad, que nadie se abstiene para aprovecharse del vacío legal, cuando se trata de recoger más dinero por el trabajo jamás realizado de nuestros Regidores, porque ellos suelen ser los “verdaderos servidores de la patria” esto es sin contar con las ganancias en las obras públicas municipales repartidas de grado a grado entre los bloques de regidores de los partidos. Sus cargos y los ciertos Síndicos son el trampolín para pasar a ser empresarios privados exitosos, ellos mismos fijan los precios de las obras y se las reparten a unanimidad, porque sólo son “competentes” y “capacitados”. Salvo raros funcionarios.
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