El Tribunal Superior Administrativo (TSA) dio un plazo de 30 días al Ministerio de Educación para presentar sus argumentos de defensa frente al recurso interpuesto por la editorial Casa Duarte, que demanda la anulación de la Ordenanza 03-22 por supuesta violación de preceptos constitucionales y legales.
La casa editora afirma que con esta disposición el Ministerio de Educación ha ordenado la producción de nuevos libros de texto de manera abrupta, luego de finalizar un proceso de evaluación y aprobación de los mismos que duró desde el 2018 hasta el 2022.
A su juico, ello vulnera las leyes General de Educación y Ley del Libro y Bibliotecas así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la Ley 107-13,
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