El Tribunal Constitucional conoció ayer nueve acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellas una interpuesta por el mayor Adán Cáceres, principal imputado en el caso Coral, que atacó los decretos con los que el presidente Luis Abinader designó un equipo de abogados para que representen al Estado en los casos de corrupción.
A través de sus abogados, Cáceres impugnó los decretos números 22-21 y 499-21, de fechas 13 de enero y 11 de agosto de 2021, en los que Abinader constituyó el Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado e instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a conformar un equipo de profesionales del derecho de para que asuma la representación del Estado dominicano en las acciones resarcitorias y restituidas de bienes, fondos y valores distraídos.
Cáceres busca que los decretos se declaren no conformes con la Constitución, y que por lo tanto sean anulados.
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