La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, considera que la permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción.
“Constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo por un plazo determinado”, dijo la exjueza antes de citar el Banco Central, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo como ejemplos contrarios.
La alternativa que propuso la magistrada durante la rendición de cuentas de lo que va de su gestión es la institucionalización del cargo y los procesos para ocuparlo.