Tras el rechazo de la recusación, el general Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en el caso Coral 5G, interpuso una querella penal en contra de la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional apoderada para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del grupo de encartados.
El sometimiento fue presentado ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a través de los abogados Yarni Aquino y César Reynoso Almanzar, por supuesta violación del artículo 183 del Código Penal Dominicano.
El referido artículo establece que el " juez o arbitro que, por amistad u odio, provea, en pro o en contra, los negocios que se someten a su decisión, será reo de prevaricación, y como a tal se le impondrá la pena de la degradación cívica".
