SANTO DOMINGO.- El vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, aclaró esta noche que un artículo publicado en
el periódico estadounidense The New York Times, que sugiere una
intervención en República Dominicana por cumplir su legislación
migratoria, no es un editorial ni un reportaje elaborado por un
periodista de dicho medio, sino un artículo de opinión de un tercero.
Al hablar en conferencia de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, Rodríguez Marchena precisó que la autora del artículo del New York Times no es periodista, sino la abogada Roxanna Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y profesora de la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley.
Sostuvo que ambas instituciones citadas son demandantes de la República Dominicana (el CEJIL, específicamente representado por ella) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CorteIDH -en San José, Costa Rica, por el caso Yean y Bosico, en esa primera vez que sentaron al país en el banquillo de los acusados.
El portavoz de la Presidencia agregó que posteriormente, en 2008, la señora Altholz, en representación del CEJIL, inició un caso de petición de protección ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por presuntas amenazas desde el Estado hacia personas de ascendencia haitiana, lo que luego se demostró fue infundado.
Incluso, refirió Rodríguez Marchena, en la biografía oficial de la señora Altholz se indica que actualmente tiene "casos abiertos" contra República Dominicana.
"Todo lo anterior evidencia que el artículo del New York Times no fue un artículo periodístico ni escrito por un comentarista imparcial, sino por una abogada que específicamente frente a la República Dominicana constituye parte interesada", indicó.
Al hablar en conferencia de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, Rodríguez Marchena precisó que la autora del artículo del New York Times no es periodista, sino la abogada Roxanna Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y profesora de la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley.
Sostuvo que ambas instituciones citadas son demandantes de la República Dominicana (el CEJIL, específicamente representado por ella) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CorteIDH -en San José, Costa Rica, por el caso Yean y Bosico, en esa primera vez que sentaron al país en el banquillo de los acusados.
El portavoz de la Presidencia agregó que posteriormente, en 2008, la señora Altholz, en representación del CEJIL, inició un caso de petición de protección ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por presuntas amenazas desde el Estado hacia personas de ascendencia haitiana, lo que luego se demostró fue infundado.
Incluso, refirió Rodríguez Marchena, en la biografía oficial de la señora Altholz se indica que actualmente tiene "casos abiertos" contra República Dominicana.
"Todo lo anterior evidencia que el artículo del New York Times no fue un artículo periodístico ni escrito por un comentarista imparcial, sino por una abogada que específicamente frente a la República Dominicana constituye parte interesada", indicó.
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