Por Miguel Melenciano
“Hay un punto pasado el cual, hasta la justicia se vuelve injusta”. Sófocles.
La
razón siempre es una, y alguien la tiene. Para determinar quién
posee la razón, o quien es depositario de un derecho, las leyes han
dotado de poder de decisión o autoridad, a los tribunales judiciales y
los jueces que los componen. Estos están envestidos de todo poder para
brindar orden e impartir justicia, siempre apegado a la ley primaria,
como la Constitución de la nación y a la secundaria; el derecho público y
el derecho privado, así como las leyes que derivan de estas, que en su
conjunto componen el ordenamiento jurídico del estado.
Como
es de conocimiento común, toda persona tiene el derecho de acceder a la
justicia, es un derecho fundamental e inherente a las personas,
consagrado en el artículo 8 de la Constitución dominicana, y el
artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin embargo,
el jurista francés, Louis Josserand (1868-1941), considera que “los
derechos no pueden ser puestos al servicio de la malicia, de la voluntad
de dañar al prójimo, de la mala fe”.
Del
criterio de Josserand se desprende que en el reclamo del derecho, que
invocamos nos pertenece, no podemos ser temerario, ni mucho menos actuar
de mala fe, ya que todo acto u omisión que, por la intención del
litigante temerario, por su objeto o por la circunstancias en que se
realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de
un derecho, con daños para terceras personas, le conllevara una
condenación en daños y perjuicios.
Este
prefacio sirve como marco de referencia, para proporcionar nombre y
apellido, a las actuaciones “jurídicas” que lleva a cabo el joven
abogado Arturo Figuereo, representante del empresario estadounidense
Dominick de Martino, quien mantiene un litigio judicial con el
empresario Félix Cabrera, cuyos expedientes reposan en los tribunales
dominicanos, ya que existen, demandas y contra demandas, entre ambos
empresarios.
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