Fuente Agencias de Noticias
Santo Domingo, .- La séptima caravana
del 'orgullo gay' que tiene lugar este domingo, 13 de julio, en la
ciudad de Santo Domingo aviva la polémica en la sociedad dominicana
sobre la homosexualidad y los derechos del colectivo de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales (LGBT).
Organizaciones LGBT dominicanas, en diversas
ocasiones, han denunciado la exclusión social en la que viven muchos de
sus miembros en el país.
Estos días se abrió el debate de nuevo, y
colectivos evangélicos pidieron esta semana que se declare al embajador
de EE.UU., James Brewster, y a su marido, Bob Satawake, personas "non
gratas", al considerar que están violentando la constitución dominicana y
los valores éticos del país con su promoción de los derechos de
homosexuales.
Previamente, los evangélicos ya habían solicitado
frente al Congreso Nacional (bicameral) la salida del país del embajador
estadounidense, abiertamente homosexual, acusándole de "promover" dicha
práctica.
Los manifestantes enarbolaron pancartas en las que
se podían leer mensajes como "Fuera con su aberración embajador gay", y
en declaraciones a la prensa frente al Congreso, Wzequiel Molina hijo,
uno de los más reconocidos pastores evangélicos del país, dijo que el
matrimonio homosexual "atenta contra la familia".
No solo dentro del colectivo homosexual, también
fuera de él, en la propia sociedad dominicana, son muchos los que se
preguntan cómo las uniones civiles entre personas del mismo sexo
debilitarían la institución matrimonial.
La designación de Brewster como embajador fue
criticada por sectores conservadores locales, sin embargo a él se le ha
oído hablar de su pasión por el país caribeño, al que ha llamado su
segundo hogar.
Los obispos de Higuey (este), Nicanor Peña, y el
de Barahona (sur), Rafael Felipe Núñez, dijeron este mes que el
matrimonio homosexual es una "aberración que promueve los antivalores".
El colectivo LGBT en la República Dominicana ha
expresado que ven cortadas sus esperanzas de desarrollo personal y
colectivo, algo sobre lo que el Estado dominicano puede tomar medidas,
en su obligación de garantizar los derechos ciudadanos.