Fuente : AL MOMENTO.NET
El expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, retomó este lunes sus encuentros «La Voz del Pueblo», donde ofreció contundentes declaraciones sobre la situación actual del país y advirtió sobre graves riesgos para la seguridad nacional y los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Desde la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández abordó el polémico caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam.
Denunció que, a pesar de la anulación del contrato de Transcore Latam en 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a graves irregularidades, la empresa continuó operando bajo circunstancias poco claras, lo que ha derivado en serios problemas de gestión, como el apagón de la red semafórica en el Distrito Nacional.
Cuestionó «de qué manera una compañía inhabilitada pudo recibir pagos y mantener control sobre una infraestructura crítica, como las cámaras de vigilancia instaladas en diversas intersecciones de la ciudad, algunas incluso en áreas sensibles como el Palacio Nacional». «¿Por qué una empresa privada, que debería solo gestionar el tránsito, también tiene la capacidad de rastrear teléfonos móviles y controlar datos sensibles?», preguntó.
Fernández alertó sobre las posibles implicaciones de este caso en la privacidad de los dominicanos, destacando que las cámaras instaladas podrían estar realizando espionaje masivo. «Es inaceptable que las cámaras en intersecciones estratégicas no solo identifiquen vehículos, sino también teléfonos móviles, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad», expresó Fernández, citando el artículo 44 de la Constitución que garantiza la intimidad y el honor de las personas.
Señaló que algunas de las intersecciones con cámaras, como las avenidas Winston Churchill, están conectadas con redes privadas de fibra óptica que podrían estar facilitando la transferencia de datos personales hacia manos de empresas no reguladas. Esta situación, dijo, expone a los ciudadanos a un riesgo mayor, pues los dispositivos podrían ser utilizados para vigilar a la población en general, incluyendo a altos funcionarios del gobierno.
Recordó que en 2024 se descubrieron emisiones de radiofrecuencias no autorizadas desde edificios controlados por el INTRANT, las cuales podrían estar siendo utilizadas para identificar la ubicación de las personas a través de sus teléfonos móviles, una práctica que calificó como: “flagrante violación” de la privacidad. “¿Qué tipo de operaciones clandestinas se están llevando a cabo bajo el amparo del Estado? Esto es un asunto de seguridad nacional”, afirmó con preocupación.
También puso en el centro del debate la posibilidad de que esta misma red de vigilancia pudiera estar involucrada en futuros proyectos estatales, como la renovación de la cédula de identidad o la implementación del pasaporte biométrico electrónico. «No podemos permitir que empresas con antecedentes tan oscuros manejen información tan sensible», sostuvo, aludiendo a los riesgos que esto implicaría para la integridad del proceso electoral y la seguridad personal de los ciudadanos.
PIDE «RESPUESTAS CLARAS»
Fernández instó al gobierno a dar respuestas contundentes sobre este escándalo, que además de evidenciar corrupción, representa un riesgo para la seguridad nacional. «No podemos permitir que se juegue con la privacidad de nuestra gente y que el Estado delegue en empresas privadas tareas que solo le competen al gobierno», afirmó.
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