Boris Miranda
Título del autor,BBC Mundo
A Rute Zúñiga la amarraron de pies y manos para que no se pudiera defender. Tres enfermeras y un doctor la esterilizaron sin su consentimiento después de chantajes y hostigamiento.
En la provincia de Anta, en Cusco, Perú, las autoridades locales la amenazaban con no registrar a su hija recién nacida si no acudía primero al centro de salud."Así fue que me hicieron la ligadura", le contó Zúñiga a BBC Mundo.
Su caso es similar al de otras cientos de miles de mujeres en Perú que, entre 1990 y 2000, fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva en regiones con niveles de pobreza elevados y mayoría de población indígena.
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Desde el sábado, el caso de las esterilizaciones forzadas fue elevado a "asunto de interés nacional de Perú" por un decreto emitido por el presidente de aquel país, Ollanta Humala.
La comisión del Congreso peruano que en 2002 investigó los casos de anticoncepción quirúrgica concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori.
El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su "consentimiento genuino".
Víctimas como Rute Zúñiga responsabilizan de aquellos hechos al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), algo que siempre fue rechazado por el exjefe de Estado y sus familiares.
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El infierno
Cuando Rute llegó a la posta sanitaria y vio a otras mujeres desmayadas en el suelo, lo primero que intentó fue escapar.
"Unas enfermeras fueron a mi casa a recogerme y me llevaron en una ambulancia. En ese cuarto yo les dije que quería ir al baño para escaparme, pero nos vigilaban. Nos pusieron un candado para que no escapemos. Me quitaron a mi hija. Las mujeres tenían miedo y lloraban", relató Zuñiga.
Como ella, muchas vivieron esa historia.
Pie de foto,Activistas de derechos humanos y de la mujer reclaman una reparación histórica para las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
En 1996, Esperanza Huayama fue esterilizada mientras estaba embarazada de tres meses. Tuvo que luchar para que los médicos no le practiquen un aborto ahí mismo.
"No me van a sacar mi hijito, les dije. Prefiero morir si me sacan a mi hijito. Después me desperté con mucho dolor. No podía enderezarme, estaba flaca y encogida. Mi hijito nació flaquito y hasta se enfermó", relató.
Esperanza fue engañada.
Ella recuerda que una "comisión" llegó a Huancabamba, al noroeste de Perú, a ofrecer alimentos, vitaminas y medicinas para mujeres, pero en realidad se trataba de un grupo para llevar mujeres a los centros de salud.
Al igual que a Rute Zúñiga, a Esperanza la encerraron en un cuarto, en el "infierno".
"Lo mismo les hicieron a muchas señoras ese día. Cien por lo menos. Como animales nos trataron una vez que cerraron el puesto de salud. Algunas señoras murieron, a otras sus esposos las abandonaron", recuerda.
Los métodos
Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Cladem, por el Congreso peruano y medios de comunicación enumeran los métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras en mujeres peruanas.
Algunos de ellos fueron:
Chantaje a madres que recién dieron a luz con no inscribir a sus hijos en registro civil.
Amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no acepten ser esterilizadas.
Presión psicológica con argumentos sobre la irresponsabilidad o inestabilidad económica de los maridos para que las mujeres opten por la anticoncepción quirúrgica.
Visitas casa por casa de enfermeras que amenazaban con volver "con la Policía" si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud.
Festivales y campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción es la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar no definitivas.
Recorridos de ambulancias casa por casa para recoger a mujeres.
Pago de "incentivos" económicos a los maridos para que firmen una autorización para que la mujer sea sometida a una esterilización "voluntaria".
Ofrecimiento de alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes.
Uso de la fuerza física para llevar a las mujeres a los centros de salud.
Reportes periodísticos de la época y el informe congresal de 2002 concluyó que en ese periodo se establecieron "metas numéricas" e incentivos para la práctica de esterilizaciones desde altos niveles del Estado peruano.
Asunto de interés nacional
Rute Zúñiga ahora es presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y todavía recuerda aquella tarde hace casi 20 años en la que despertó en el suelo después de la intervención quirúrgica a la que la sometieron.
"Nosotros pedimos justicia y reparación. Muchas mujeres quedaron marginadas de la sociedad, sin posibilidad de trabajar ni recibir atención médica desde entonces", señala ella a BBC Mundo.
Mientras que la diputada Hilaria Supa indica que las víctimas de los programas de esterilización de la última década del siglo XX "deben recibir una reparación del sistema de salud de Perú".
"Ellas han sufrido discriminación en los hospitales desde entonces y deben acceder a programas de salud y de salud mental", señaló la diputada a BBC Mundo.
La parlamentaria explicó que, después del decreto aprobado el fin de semana, el siguiente paso será la elaboración de un reglamento que ponga en marcha instancias de investigación y de apoyo a las víctimas.
El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Perú, Ernesto Lechuga, señaló que si se llega a determinar alguna responsabilidad del Estado eso "tendrá que ser asumido".
Para ello, el gobierno abrió oficinas en todos los distritos peruanos para registrar a las personas que sufrieron intervinciones quirúrgicas de anticoncepción forzada.
Zúñiga y Supa celebran que ahora las esterilizaciones forzadas en la década del 90 sean asunto de interés nacional en Perú, pero la medida también genera el rechazo en algunos sectores.
Keiko Fujimori, una de las candidatas favoritas para la futura elección presidencial de Perú e hija de Alberto Fujimori, señaló que "hay responsabilidades personales en los médicos que no respetaron sus protocolos" e insistió en que en el mandato de su padre no se ordenaron esterilizaciones forzadas.
"Aquellas que han sido dañadas tienen que recibir una reparación por parte del Estado. Pero como mujer también creo que tenemos el derecho a tener la información de decidir cuándo y cuántos hijos tenemos", concluyó.
En 2014, un fiscal no halló indicios de culpabilidad en Alberto Fujimori por las esterilizaciones, hecho que fue condenado por las víctimas y organizaciones de derechos humanos y de la mujer.
Para Zúñiga, que el Estado peruano empiece a reconocer responsabilidad por lo que le pasó a ella y a cientos de miles de mujeres es recién "uno de los primeros pasos".
"El mundo tiene que conocer lo que pasó para que no se repita nunca más".
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