SANTO DOMINGO.-El doctor Julio
Cury manifestó hoy que el ingeniero Hipólito Mejía no asistirá a la cita que le
notificó ayer el magistrado Francisco Ortega, designado como juez conciliador
por la Suprema Corte
de Justicia mediante Resolución No. 6870/2012, del 6 de diciembre pasado, que
admitió la acusación privada por difamación que presentó el ex Presidente
contra el senador Wilton Guerrero y el Director del periódico El Caribe,
Osvaldo Santana, citados también, pero por separado, a asistir al despacho del
magistrado Ortega.
Cury argumentó que la citación
hecha a las partes en causa es una iniciativa que puede estar “preñada de
buenas intenciones”, pero que es violatoria al procedimiento previsto para la
instrucción de las acusaciones privadas. Aseguró que en virtud del artículo 361
del Código Procesal Penal, lo procedente era convocar al ex mandatario y a los
imputados a una audiencia de conciliación a más tardar 10 días después de la
fecha en que se admitió la acusación. “Sin embargo, ya transcurrió el plazo y
en lugar de convocarnos a audiencia, somos citados a su despacho sin indicarse
con qué objeto”, señaló.
Expuso que el artículo 17 de la Resolución No.
1029-2007, establece que la fase conciliatoria debe ser convenida por las
partes en conflicto luego y no antes de la audiencia de conciliación. “Ni la
ley ni el reglamento le otorgan al juez apoderado de una acción privada la
atribución de citar a las partes a presentarse en su despacho, sino que por el
contrario, le imponen la obligación de convocar una audiencia solemne y pública
con fines conciliatorios, y si fracasa la tentativa de conciliación, debe
ordenar apertura a juicio conforme las reglas del 305 del Código Procesal
Penal”, señaló Cury, quien forma parte del Consejo de Defensa del ingeniero
Hipólito Mejía.
Aclaró que la renuencia de Mejía
reafirma ante el país su convencimiento de que el respeto al ordenamiento
jurídico es la garantía de la pervivencia de las instituciones democráticas, y
que en este caso el ex Presidente no hace otra cosa que abogar “por la vigencia
efectiva de la
Constitución y la ley. Nada más”.
