Si a un presidente lo informan de la supuesta comisión de actos ilícitos por parte de un funcionario y lo separa del cargo sin ofrecer explicaciones públicas, no sólo estaría abriendo un flanco a sus opositores para que lo ataquen sin misericordia, sino -peor aún-, violentando un principio universal sobre la presunción de la inocencia.
Cuando llegué a España como embajador a principios de 2009, ya había muchos corruptos condenados, todos dirigentes importantes o miembros de los dos principales partidos. Pero ninguno de ellos fue denunciado por el oficialismo.
La mayoría han sido señalados por una institución no gubernamental llamada Transparencia Pública, que también tiene facultad para constituirse en parte civil, incluyendo contra la hija y el yerno del Rey Emérito Juan Carlos I, un hombre bueno y querido por toda España.