El Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de Espaillat impuso medidas de coerción y declaró complejo el caso en que una mujer es acusada por la comercialización y contrabando de medicamentos falsificados, a través de una farmacia que operaba de manera clandestina.
El Ministerio Público detalló que contra Rosa Emilia Encarnación Rodríguez, quien es empleada del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), se impusieron cuatro medidas de coerción, consistentes en una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país, la obligación de someterse a vigilancia y presentación periódica ante el Ministerio Público.
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