El Poder Ejecutivo dispuso este jueves que todas las instituciones públicas encargadas de programas de alimentación humana, al alivio de la pobreza o a la protección de mujeres, personas con discapacidad, entre otras, adquieran en sus procesos de compra, bienes producidos en el país y que sean dirigidos de forma exclusiva a micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes).
La decisión está contenida en el decreto 31-22, que ordena el cumplimento de la disposición a entidades encargadas de programas de protección a envejecientes, niños, niñas y adolescentes, especialmente en áreas rurales deprimidas y en la zona fronteriza.
De acuerdo a un comunicado de la Presidencia, esta disposición busca contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleos, siempre que en el mercado existan mipymes industriales que demuestren tener capacidad para suministrarlos.