Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO
Santo Domingo
La condena del juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional al director agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, al pago de RD$500,000 como indemnización por difamar al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, podría verse como un ejemplo del respeto que se debe a la Ley 6132.
Esa ley, estudiada en las escuelas de periodismo del país, que aunque obsoleta todavía, cumple con la misión de mantener a raya a los difamadores, se redactó a poco de finalizar la era de Trujillo, para prevenir la difamación, la injuria y proteger la reputación de las personas, que fueron los alegatos del señor Peralta al poner su demanda.
Al lanzar su acusación, Faña fue muy confiado quizá porque era un dirigente político y por su presunción de que al gobierno lo tienen sus opositores sobre una tablita de Benihana donde todo el que quiera puede echarle manos a la “mocha” para picar reputaciones, que en el caso de Peralta se ha basado en el trabajo.
Faña arriesgó su ganancia en el juicio y el respaldo de su partido en la lidia por la secretaría general, al evitar una conciliación, sin tener las pruebas de que el ministro Peralta había constituido una mafia con los permisos de importación de habichuelas y otros productos agrícolas, ignorando que sus negocios eran anteriores al presente régimen.
.jpeg)
