Participación Ciudadana entiende que, con esta ley o sin ella, los agentes de dicha entidad de inteligencia no tienen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas.
La Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), debe ser reformada de inmediato para que incluya de manera expresa la obligación de los agentes de que pretendan la entrega de información, de obtener la autorización judicial correspondiente, afirmó hoy Participación Ciudadana.
Ajuicio de la entidad, ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.
«De no ser reformada estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales:, explicó PC.
