SANTO DOMINGO. Gravar las compras por
Internet inferiores a los 200 dólares, como han planteado grupos
comerciales nacionales, dejaría a la República Dominicana sin el
servicio de correo expreso previsto en el acuerdo de Libre Comercio con
Estados Unidos y Centro América (DR-Cafta), y generaría una traba para
el comercio internacional y la exportación local.
El planteamiento lo hicieron
representantes de la Asociación Dominicana de Empresas Couriers
(Asodec), quienes alertan además de las limitaciones logísticas y el
alto costo que implicaría para la Dirección General de Aduanas (DGA)
cobrar impuesto a cada paquete de manera individual.
José Burdié, presidente de Asodec;
Jorge Merette, director ejecutivo; y Laura Castellanos, asesora legal,
participaron como invitados de Diálogo Libre, del periódico Diario
Libre, que se transmite los lunes a través por ONTV, Canal 10.
Burdié recuerda que la exención del
pago de impuesto a la compra por Internet inferior a los 200 dólares,
conocido como "de minimis" fue una iniciativa de Miguel Cocco cuando
estuvo al frente de DGA, como una salida al costo y las dificultades que
implicaba gravar los paquetes pequeños de manera individual. "Se pensó
cuáles serían los ingresos que tendría Aduanas si en lugar de cobrarles
un arancel a estos artículos se le cobraba una tasa fija. Porque cuando
decimos, y esto es extremadamente importante, que las compras están
exoneradas, todo cuanto sea menor de doscientos dólares, estamos dejando
de un lado que realmente sí están pagando impuestos", consideró.
Por cada libra que pesa el artículo
adquirido, el comprador debe pagar una tasa de diez centavos de dólar,
monto que reporta al fisco entre cincuenta millones (RD$50,000,000) y
setenta y cinco millones de pesos (RD$75,000,000) por año, según dice
Burdié.
La exención a los artículos menores de
200 dólares está contenida en el decreto 402-05, que fue revisado e
incorporado al acuerdo del DR-Cafta, firmado en el 2007, como mecanismo
de correo expreso.
Laura Castellanos explicó que, más que
beneficiar al consumidor, lo que se pretendía con el envío rápido era
eliminar las trabas y el tiempo de hasta seis días que conlleva
desaduanizar una mercancía, para que el comerciante pudiera hacer
pedidos urgentes y recibirlos al día siguiente.
"La lógica del acuerdo no es proteger
al consumidor, sino esas vías expresas que se convertirían en una traba
para el comercio internacional si no siguieran siendo expresas", planteó
Castellanos. Y agregó: "No es solo un tema de que vamos a agregar un
arancel o un ITBIS, es un tema de que estaríamos desarmando la
estructura completa del correo expreso, con la consecuente violación al
DR-Cafta".
De su lado, Burdié advierte que, como
en cualquier tratado comercial, si el país quiere modificar algún
aspecto, deberá acudir a los mecanismos de consulta del tratado. "Lo que
sí se teme en este tipo de situaciones es que los países afectados
pueden entonces poner medidas contra los productos dominicanos. Estamos
hablando de que toda esa compra por Internet viene de los Estados
Unidos... nuestro principal socio comercial y podrían ciertos sectores
económicos allá, entender que estas son trabas a sus exportaciones y
pedir que les pongan trabas a las importaciones de República Dominicana
para compensar".
Pagan impuesto por US$350 millones
Las empresas de couriers aportan cada
año entre US$350,00 y US$360.00 millones de dólares al año por concepto
de pago de impuesto por el servicio que ofrecen de correo expreso. De
ese monto, alrededor de US$189.00 millones corresponden a las compras
que se realizan vía Internet menores de 200 dólares, conforme expuso el
presidente de Asodec, José Burdié. El restante corresponde a las comprar
superiores a los 200 dólares, al arancel, el ITBIS y el selectivo al
consumo.
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