Miami (EE.UU.), 19 abr.- La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia en República Dominicana puede tener consecuencias «negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad», con los consiguientes riesgos para las libertades de prensa y de expresión, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En el informe publicado este viernes por la SIP con motivo de su Reunión de Medio Año, se indica que la Ley 1-24, aprobada en diciembre y en cuya reforma se está trabajando, contiene artículos que abren el camino a restricciones, a juicio de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones de la sociedad, especialistas en derecho y la Iglesia católica.
El texto señala que el artículo 11 es el más controvertido, dado que faculta a la DNI a obligar a instituciones privadas o personas físicas a que entreguen toda la información que se les requiera, lo cual se interpreta como elemento coercitivo de derechos fundamentales y cortapisa a la libertad de prensa.
Tras las críticas recibidas, el presidente dominicano, Luis Abinader, instruyó que una comisión intersectorial, en la que está incluida la Sociedad Dominicana de Diarios y cuyo trabajo no ha terminado, «revise la ley y proponga salvaguardas», por lo que se trabaja en «la reforma del texto y aún se procura el consenso entre el sector oficial, la SDD y otras organizaciones convocadas al diálogo y que objetaron la ley, debido a sus ambigüedades y sus violaciones a las normas constitucionales», agrega.