Por Carolina Mejía
Haití vive una de las peores crisis de su historia. No se trata solo de pobreza ni siquiera de inestabilidad política: hablamos de un grave deterioro institucional. En más del 80 % de su territorio, las bandas armadas han desplazado a las autoridades legítimas, controlan las rutas, los mercados y hasta las escuelas. Ya no hay sistema judicial operativo, no hay elecciones, y la violencia se ha convertido en el lenguaje dominante.
Cuando una nación entra en un estado de inestabilidad extrema, las consecuencias no se quedan dentro de sus fronteras. Las sentimos todos. Y si hay una nación que lo vive a diario, esa es la República Dominicana.
Compartimos la isla, pero también los efectos: presión migratoria, tensión en los servicios públicos, aumento de los partos de alto riesgo en nuestras maternidades, y una presión permanente sobre nuestras escuelas, hospitales y fronteras.
Para que se tenga una idea clara: solo en el año 2023, más del 30 % de los partos en hospitales públicos dominicanos fueron de madres haitianas. En centros como los de Dajabón o Barahona, la proporción supera el 70 %. En muchas zonas fronterizas, la mitad de los niños que entran al sistema escolar no dominan el español como lengua materna. Todo esto lo asumimos con recursos dominicanos y con el trabajo honesto de nuestros servidores públicos.
Además, hay una realidad que nos desafía desde la discreción de las cifras: nuestra seguridad interna. Sabemos que no se puede vincular automáticamente el crimen o la delincuencia con nacionalidades. Sería injusto y falso. Pero también es cierto que ningún Estado puede gestionar su seguridad nacional si no tiene control sobre quién entra, dónde está y qué hace dentro de su territorio. Cuando una parte importante de quienes ingresan al país lo hacen sin documentación, sin registro ni trazabilidad, no hay sistema que aguante esa opacidad. No se trata de señalar culpables, sino de advertir los riesgos de un flujo humano sin control ni regulación.
La Policía Nacional y los cuerpos de inteligencia trabajan todos los días con responsabilidad. Pero hacerlo sin información completa, sin datos verificables, sin saber con certeza quién está en nuestro territorio, cómo vive, en qué condiciones y en qué redes se mueve, es una carga que afecta gravemente nuestra capacidad de prevención y respuesta.
