El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, denunció públicamente una serie de acciones del Gobierno actual que, según él, constituyen violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad.
García Padilla arremetió contra la administración de la actual gobernadora Jenniffer González por haber entregado a la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una lista confidencial de inmigrantes indocumentados que habían obtenido licencias de conducir bajo una ley aprobada durante su mandato. Según el exgobernador, esta entrega violó las disposiciones de confidencialidad contenidas en dicha ley.
"Esa ley dice que la lista es confidencial, que no se puede compartir. Y una agencia administrativa federal no tiene poder para obligar a una agencia de Puerto Rico a entregar una lista sin orden de un juez", afirmó García Padilla.
A raíz de esto, García Padilla aseguró que quienes entregaron la lista son "personas malas y tratan de convencer a la comunidad dominicana de que todo está bien y que tienen un buen trato".
Este martes, durante una entrevista en el programa "El Día", el exgobernador defendió a la comunidad dominicana en Puerto Rico, "representan mis hermanos, son mi gente, yo soy puertorriqueño y siendo de PR me siento dominicano, lo único que nos separa es un poco de sal y agua".
Asimismo denunció que las acciones de la actual administración responden a un Gobierno "conservadora y pro-Trump", lo que ha generado perfiles raciales, especialmente hacia inmigrantes dominicanos en Puerto Rico.
Detenciones arbitrarias
García Padilla se mostró consternado por reportes recientes de inmigrantes que, pese a tener residencia legal o haber cumplido con todos los requisitos para la ciudadanía, fueron detenidos o deportados arbitrariamente. Mencionó un caso reciente de una mujer dominicana con estatus legal en Puerto Rico que fue deportada a Texas en menos de 24 horas.
"Yo no puedo ir a misa el domingo, al culto, a la sinagoga o a la mezquita y allí alabar a un Dios que me invita a amar y luego el lunes vender una lista de 6,000 hermanos para que los traten como animales", sentenció.
De acuerdo con García Padilla, durante su gestión como gobernador, impulsó y firmó leyes y órdenes ejecutivas que protegían a las personas sin estatus migratorio formal. Entre ellas, una que les permitía obtener licencias de conducir, así como disposiciones para evitar que se les preguntara por su estatus en hospitales, escuelas y durante intervenciones policiales.
Ante el argumento de que la entrega de la lista era necesaria para conservar fondos federales, García Padilla lo desmintió: "El presidente no puede quitar fondos del Congreso por capricho, si vieron la lista por fondo, pues entonces lo que hicieron fue vender la lista. Entonces vendieron 6,000 almas por 180 millones de dólares, hay quien vende por 30 monedas de plata, hay quien vende por 180 millones, no hay diferencia entre un juda y el otro".