SANTO DOMINGO (Rep.
Dominicana).- La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)
considera “previsible” que la Dirección General de Aduanas (DGA) pierda
la batalla legal por aplicar impuestos a las compras realizadas por
Internet de artículos de menos de 200 dólares.
“A pesar de que es previsible que la resolución de la DGA sea dejada
sin efecto, por los aspectos legales que ella entraña, no es menos
cierto que el sector comercial está en su legítimo derecho de pedir al
Estado condiciones y regulaciones que hagan más justa la competencia en
el mercado”, plantea la Funglode, en un análisis difundido este lunes,
bajo la firma de Juan Pérez Osoria, de su Unidad de Políticas Públicas.
El documento de la entidad que encabeza el expresidente Leonel Fernández recuerda que el Estado “todavía cuenta con algunas alternativas para gravar las compras en línea, como han hecho algunos países del hemisferio”.
Indica que en Uruguay existe un límite de cinco importaciones por mes
a un mismo usuario, limitante que se puede detectar mediante la factura
del artículo. Además, que en Colombia, las autoridades, en coordinación
con los bancos y las empresas que manejan las redes de tarjetas de
crédito, retienen el impuesto al valor agregado (IVA) cuando se hace el
pago electrónico de lo que se importa.
“En Costa Rica (miembro del DR-CAFTA) y otros países de
Centroamérica, dichas compras se gravan adicionalmente con el impuesto
selectivo al consumo, mientras que otros países del área aplican el IVA
en función del peso del artículo”, resalta la Funglode.
Recuerda que muchos dominicanos optan por comprar cada vez más por Internet porque todo ser humano busca el suplidor más conveniente.
“Aun cobrando impuestos a transacciones por Internet menores de $200
dólares, es muy probable que se mantenga un diferencial de precios con
el comercio local debido a que la estructura de costos de las empresas
de courier son menores que los de una tienda o cadena comercial”, dice.
El análisis de la Funglode recuerda que el Gobierno deberá tomar en cuenta los “efectos políticos, legales, sociales y económicos” que tendría la aplicación de los impuestos que pretende establecer Aduanas.
El análisis se titula “El impuesto a las compras por Internet: El Estado y los empresarios enfrentados a la clase media”.
